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Adentro del laboratorio de paz territorial de Petro con la disidencia del ELN

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13.05.2024

Siga todas las movidas de la paz total con este monitor de las negociaciones actualizado en tiempo real.

Una llovizna suave y constante empapa los uniformes y los fusiles de ocho guerrilleros del Frente Comuneros del Sur, que anunció hace unos días su ruptura con el ELN. Hacen guardia a la entrada del caserío de Betania, ubicado en una pequeña loma aún cubierta de la neblina que sube por las montañas selváticas salpicadas por cultivos de coca. Es una mañana fría en el centro del resguardo indígena de La Montaña, el más grande de Nariño: 39 mil hectáreas que cubren la mayor parte del municipio de Samaniego.

Para llegar hasta allí hay que tomar una trocha durante tres horas en camioneta desde el casco urbano de Samaniego. Las banderas del ELN ondean sobre las largas astas al borde del camino. El rojo y el negro son la identidad que por años ha tenido este grupo armado que hasta hace pocos días eran parte de esa guerrilla y que tiene su retaguardia en estas esta región desde hace más de 30 años.

“Comuneros del Sur resistiendo por la gente… ELN”, se lee en una columna de la gallera del caserío. Los puntos suspensivos parecen que marcaran la distancia de los comuneros frente al ELN. Con alrededor de 200 hombres entre armados y milicianos, cinco compañías y armamento moderno, este frente rompió con la comandancia elena, para entablar un proceso de paz territorial separado con el gobierno y que desató una crisis en la mesa de diálogo nacional.

En las montañas de Samaniego se concentra la apuesta de paz territorial que impulsa el gobierno de Gustavo Petro y la gobernación de Nariño con este frente guerrillero. El proceso ha sido calificado por “Antonio García”, jefe del ELN, como una infiltración militar por parte del gobierno y se refiere a los comuneros como una “supuesta disidencia”. La delegación del gobierno le respondió este fin de semana que esa postura “es continuar en el mundo de la ficción y el autoengaño”, y le pidió a esa guerrilla dejar de “perder el tiempo” en las negociaciones.

Esos ruidos nacionales se sienten distantes en Betania esa mañana, miércoles 24 de abril. El día anterior los comuneros —como se autodenomina esta disidencia del ELN— acordaron con el gobierno un protocolo para remover las minas antipersonales que ellos mismos sembraron y que les impiden a los campesinos andar libres por sus fincas. Es el primer acuerdo de un proceso de la paz territorial que se desarrolla en Samaniego y la subregión de los Abades.

“Ya en un rato está el desayuno”, dice “Daniel” uno de los comandantes de los comuneros. Es un hombre blanco, de pelo corto y colitas que le bajan por la nuca. Aunque es del Catatumbo, ya tiene acento nariñense. Mientras espera el desayuno, reparte pan e invita a tomar tinto con aguapanela a los funcionarios. Están Carlos Erazo, delegado del comisionado para la paz; Alex González, secretario de paz de la Gobernación de Nariño; y Nathalie Ochoa, coordinadora de Acción contra Minas de la Presidencia.

Ellos son parte de la delegación del Estado colombiano que el día anterior acordó un protocolo para empezar un proceso de desminado humanitario. Mientras se toman el tinto, los guerrilleros van de un lado a otro con mesas de plástico y sillas Rimax. Organizan todo para la entrevista que su comandante Gabriel Yepes, alias “HH”, le concedió a La Silla para responder sobre las acusaciones de “Antonio García” de ser un supuesto infiltrado de la inteligencia militar y sobre la voluntad de paz que profesa este frente.

“Nosotros estamos aquí respondiendo al clamor de las mismas comunidades”, dice Erazo, mientras come el desayuno que le acaban de servir. “No es serio lo que dice ‘Antonio García’ (comandante del ELN) sobre que esta gente está infiltrada. Mire usted, ellos son de la misma comunidad, no son un actor armado externo al territorio”, reitera, mientras señala a los guerrilleros.

Los guerrilleros desayunan y esperan recostados en las aceras en frente de las casas del pueblo. Pasan saludando a los vecinos que se asoman por las ventanas sin alarmarse. También a los niños, vestidos con sus uniformes escolares, que devuelven el saludo y siguen hacia la escuela de Betania. Nadie se extraña de verlos allí. Muchos de los que hoy tienen el fusil terciado al hombro, crecieron en esas montañas y en esas casas.

Sin embargo, en un par de casas de Betania hay escritas otras siglas. “Farc-EP. Urias Rendón”, se ve un grafiti grande en una fachada. Es una huella de la última guerra que sufrieron entre agosto del año pasado y enero las comunidades de esta subregión entre las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC) y el Frente Comuneros del Sur. Un conflicto que desplazó a más de tres mil de familias de la región, que duraron cinco meses refugiados en el coliseo de Samaniego.

Aunque el conflicto acabó con la retoma del control por parte de los comuneros, el territorio quedó sembrado de minas antipersonales. También el miedo latente de la violencia en los campesinos, indígenas y afros que viven en esta región. Estas comunidades son las mismas que les han exigido al gobierno, a la Gobernación y al frente transitar a una paz territorial, que empieza por quitar las minas antipersonales y que tiene su laboratorio en las montañas de Betania.

Olmedo Pantoja pasó el año nuevo lejos de su casa y aburrido. Su mirada se desvía hacia arriba mientras habla, recordando los meses desplazado en el coliseo de Samaniego, lejos de su hogar, desde donde habla ahora. No quiere que le tomen muchas fotos, no por miedo, sino porque aún tiene la ropa sucia de trabajar la tierra, como ha hecho desde que nació, allí mismo, en El Salto, una de las 11 comunidades del resguardo La Montaña.

Olmedo tiene 43 años. Nació en la zona rural de........

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