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Esta columna fue escrita por el columnista invitado Giovanni Jiménez Barbosa.

Hace unos días el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, presentó algunos de los hallazgos más relevantes de la Actuación Especial de Fiscalización con Enfoque Financiero (Aeff) sobre el uso y destino que las EPS dieron a los recursos públicos de la salud durante la vigencia 2020, investigación que adelantó la entidad a un total de 24 EPS.

De acuerdo con el documento publicado por la Contraloría, la Aeff identificó 61 hallazgos, todos los cuales presentan incidencias administrativas, es decir, irregularidades o problemas en la gestión y operaciones. De estos hallazgos, 37 tienen incidencia fiscal, están relacionados con problemas financieros graves, con un monto total de $6.084.372.193.920, lo que indicaría que grandes sumas de dinero no se manejaron adecuadamente. Además, estos mismos 37 hallazgos también tienen una presunta incidencia penal y disciplinaria, lo que sugiere que podrían existir violaciones que podrían resultar en sanciones o acciones legales contra los responsables.

Además, se determinó la necesidad de abrir 24 indagaciones preliminares por un monto de $5.352.334.895.670, y se registraron 38 hallazgos con otras incidencias, para ser trasladadas a entidades como la Superintendencia Nacional de Salud, el Archivo General de la Nación, la Contaduría General de la Nación, entre otras autoridades competentes.

Las principales causas de estos hallazgos son: el pago de carteras de vigencias anteriores con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del año 2020; la ejecución de recursos excedentes de Presupuestos Máximos (PM) por fuera del marco normativo establecido para ellos; pagos mayores de valores a terceros frente a lo facturado; y pagos por conceptos diferentes a la prestación de salud.

La gravedad de lo presentado por la Contraloría desató un torbellino de opiniones encontradas que van desde las que dicen que estas evidencian uno de los mayores desfalcos del sistema de salud, hasta los que consideran que son diferencias en la interpretación del marco normativo que rige el uso de los recursos del sistema. Y, en efecto, la Aeff aplica nuevos criterios que nunca había invocado la Contraloría a la manera como las EPS se gastan los recursos públicos que les transfiere el Estado. Y que lo hace para un periodo en el que el mundo enfrentaba la pandemia del covid-19, cuando el sistema de salud estaba bajo una crisis extraordinaria.

Todo esto emerge ad portas de la radicación de un nuevo texto de reforma a la salud en el Congreso de la República por parte del Ministerio de Salud y........

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