El estatuto antiterrorista abre la puerta a repetir viejos abusos |
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El borrador de proyecto del estatuto antiterrorista, que prepara el Ministerio del Interior para presentar al Congreso de la República, y que fue hecho público este 6 de octubre,descansa sobre una justificación empírica precaria y varias de sus medidas reproducen los abusos que Naciones Unidas y Amnistía Internacional han documentado durante dos décadas.
Las cifras de violencia son reales y también exigen acciones del Estado contra quienes la causan. Sin embargo, esto no basta para justificar medidas excepcionales que restrinjan en exceso los derechos fundamentales. Indicadores como el desplazamiento forzado y el secuestro han aumentado, pero siguen por debajo de los registros históricos, y el aumento no tiene el carácter súbito e imprevisible con el que suelen justificarse las medidas excepcionales. No se trata de minimizar la gravedad del problema, sino de evaluar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas.
La Fundación Ideas para la Paz advirtió a comienzos de este año que, aunque las acciones de la Fuerza Pública crecieron un 34% en 2025, ese aumento no se tradujo en control territorial, porque la respuesta del Estado es reactiva y se adapta poco a los cambios de los grupos armados. Su directora agregó en una entrevista reciente con El Tiempo que las Fuerzas Militares están operando al 46% de su capacidad. Si el problema es de capacidad, inteligencia y adaptación, un régimen excepcional no lo corrige, por lo cual un enfoque más apropiado sería el fortalecimiento de tales capacidades con las herramientas existentes.
A nivel internacional no hay evidencia de que este tipo de medidas aumente la seguridad, pero sí están bien documentados sus efectos sobre la sociedad civil. La Relatoría Especial de la ONU sobre la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo ha mostrado, en sus informes de 2019 (A/HRC/40/52) y de 2023 (A/78/520), que los ataques contra la sociedad civil amparados en la legislación antiterrorista son un patrón que no se reduce a incidentes aislados. Entre 2005 y 2018, el 66% de las comunicaciones que la Relatoría dirigió a los Estados tuvieron que ver con el uso indebido de normas de seguridad contra actores cívicos. En 2018, el 58% de los defensores de derechos humanos judicializados en los casos que atendió Front Line Defenders lo fueron bajo legislación de seguridad. Amnistía ya había descrito en 2008 cómo varios gobiernos aprovecharon el clima de miedo para reprimir la disidencia política legítima con delitos de definición vaga, prohibiciones de organizaciones y congelamientos de bienes sin debido proceso. En conclusión, las leyes que se presentan como herramientas contra los........