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Esta columna fue escrita por el columnista invitado Jorge Enrique Sáenz Castro.

A menos de tres semanas de una de las elecciones presidenciales más decisivas de las últimas décadas, Colombia parece sentada frente a un enorme menú de propuestas económicas. La izquierda insiste en sus tradicionales recetas populistas: más subsidios, más gasto público y una mayor dependencia del Estado. El centro habla de consensos y moderación, aunque evita muchas veces definiciones económicas de fondo frente al déficit y el bajo crecimiento. Y la derecha vuelve a poner sobre la mesa el crecimiento económico, la empresa privada y la recuperación de la confianza inversionista.

Sin embargo, mientras los candidatos exhiben sus distintos menús económicos, buena parte del país parece observar esas propuestas como quien revisa la carta de un restaurante. Todos miran qué opción ofrece más beneficios y alivios inmediatos, pero pocos parecen detenerse en la pregunta verdaderamente importante: quién terminará pagando la cuenta.

Ese es exactamente el punto donde hoy se encuentra Colombia. Porque detrás de cada subsidio, cada promesa de gasto, cada reducción de impuestos o cada expansión estatal, existe una pregunta que rara vez ocupa el centro del debate electoral: ¿De dónde saldrán los recursos para financiar todo eso sin seguir aumentando la deuda, el déficit y la fragilidad económica del país? Y precisamente ahí comienza la verdadera preocupación.

El país empezó a gastar más de lo que puede sostener

La economía colombiana empieza a mostrar señales de desgaste que ya no pueden ignorarse. Hoy el país enfrenta un déficit fiscal cercano al 6,7% del PIB y una deuda pública equivalente a cerca del 65% del PIB nacional. En términos simples, Colombia está financiando cada vez más su funcionamiento con deuda mientras la economía pierde dinamismo y la productividad permanece estancada.

Parte de esa situación comenzó a consolidarse durante la actual administración, que poco a poco reemplazó una lógica basada en productividad, inversión y crecimiento por otra apoyada en mayor gasto, subsidios y expansión fiscal. En lugar de fortalecer la capacidad productiva de la economía, el país empezó a depender cada vez más del endeudamiento público y de aumentos nominales que no siempre están respaldados por crecimiento real.

El aumento acumulado del salario mínimo cercano al 22,7% fue presentado como una victoria social. Pero el problema no es aumentar salarios; el problema aparece cuando esos incrementos crecen más rápido que la productividad del país. Ahí comienzan las presiones........

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