Para un ciudadano en Colombia acceder a información sobre la gestión del Estado o simplemente obtener datos oficiales puede convertirse en una pesadilla

Las páginas institucionales suelen estar desactualizadas, algunas pueden llevar años sin reportar nada nuevo. La mayoría son difíciles de usar y requieren experticia para navegar entre múltiples pestañas y botones, y muchas veces simplemente fallan con mensajes de “error”. Fuera del internet, los derechos de petición son rechazados o la información llega incompleta, mal escrita o tachada, y los ciudadanos pueden incluso ser amenazados por tan solo pedirla.

Hace diez años se promulgó la Ley de Transparencia, que obliga a todas las entidades públicas y empresas que manejan recursos públicos a hacer accesible su información. Con la ley se crearon nuevas páginas y plataformas oficiales para publicar datos. Hoy, hay mucha más información disponible, pero su calidad y accesibilidad dejan mucho que desear.

En el marco de nuestro especial de 15 años, uno de cuyos ejes es cómo mejorar el acceso a información de calidad en la próxima década, La Silla consultó expertos y revisó el estado actual de las páginas oficiales para acceder a información pública. Este es el balance.

Desde el gobierno Santos, bajo la influencia de Estados Unidos y la Ocde, la ola de la transparencia y del gobierno abierto entró a la agenda pública. El Estado ha empezado a entenderse a sí mismo como un gran banco de información: datos demográficos, contratos, presupuestos y más se generan y publican.

Las entidades del Estado, los partidos políticos y los contratistas públicos están obligados por la ley a tener en sus páginas web pestañas de “Transparencia” para que los ciudadanos puedan hacerles seguimiento a cómo gastan la plata de los impuestos. Típicamente, en ellas se encuentra un menú desplegable con información sobre la estructura y directorio de la entidad, la normativa que la rige, los estados financieros y los contratos ejecutados, entre otros.

Sin embargo, muchas páginas siguen siendo de difícil acceso para el ciudadano común.

A nivel nacional, entidades como Presidencia o la Cortes, cumplen con la ley de Transparencia publicando sus planes de compras, presupuestos y contratos ejecutados. Es una tendencia general, con contadas excepciones como esta, en donde aparece un mensaje de “error” en la sección de contratos ejecutados por la Cámara de Representantes.

Pero muchas entidades regionales y locales son menos rigurosas. La alcaldía de Arauquita, por ejemplo, tiene todos sus planes de adquisiciones desde 2016, pero no ha publicado nada sobre sus contratos ejecutados. Las alcaldías de Caloto (Cauca), Montelíbano (Córdoba), Bello (Antioquia), Ovejas (Sucre), Floridablanca (Santander) y Muzo (Boyacá), por nombrar algunas, también tienen en blanco su página de ejecución contractual.

Incluso algunas capitales departamentales publican información a medias. La alcaldía de Manizales solo publica sus contratos de 2020 a 2022, la de Tunja hasta el segundo trimestre de 2023, y la de Bucaramanga tiene datos exclusivamente sobre el primer semestre de 2023. Otras, como la de Puerto Carreño, están vacías.

Las gobernaciones siguen un patrón similar: la de Amazonas solo tiene información de 2021, la de Chocó apenas publicó una tabla salarial y una lista de contratistas para 2018 y 2019, la de Sucre solo subió contratos para 2023, la de Vichada está vacía y la de Magdalena arroja un mensaje de “error” en la pantalla. Las demás, en general, redirigen al ciudadano automáticamente a consultar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), la plataforma de la Agencia Nacional de Contratación Pública que reúne los registros de los contratos que firma el Estado.

Para Karen Hussmann, directora de la coalición Juntos por la Transparencia (de la que hace parte La Silla), esto se debe a la baja capacidad de las entidades locales. “Trabajan con las uñas, no tienen una buena gestión pública ni vocación archivística. Desde el nivel nacional les piden mucho y eso los sobrepasa a nivel tecnológico y profesional. Para muchos gobiernos locales no es relevante el acceso a la información, gestionar las bases de datos o digitalizar los archivos”, dice. Además, la brecha digital impide a muchas comunidades........

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