Kevin, Cecilia y las muertes evitables del sistema de salud |
En las últimas semanas, dos casos de muertes evitables se han hecho visibles en el contexto de deterioro del sistema de salud. Uno de ellos fue el niño Kevin Acosta, paciente hemofílico, quien murió recorriendo el laberinto burocrático del sistema de salud.
El Gobierno decidió culpar a la mamá y, en palabras del Ministro de Salud: “la información que tenemos es que tuvo un accidente craneoencefálico… el accidente se produjo en una bicicleta… y es entendible que los niños que sufren de hemofilia deben estar restringidos”. Luego Petro dijo que: “a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta”. Yudy Pico, la madre, reaccionó indignada y dijo que vio a los funcionarios “llenándose la boca y lavándose las manos”.
La señora Pico narró las batallas de Kevin: autorizaciones, traslados, cambios de contratos, diligencias, silencios, esperas, llamadas, mensajes de WhatsApp, ires y venires. “Me mataron al niño”, dijo Pico. En una última declaración, la Nueva EPS dijo que el problema fue que la madre se cambió de lugar de residencia y eso afectó la continuidad de la prestación de servicios. En últimas, siguen culpándola por no hacer bien los trámites en un sistema de salud que es un castillo kafkiano.
El otro caso fue el de la señora Cecilia Quintero, quien murió luchando por el acceso a los medicamentos de su esposo con enfermedad cardiaca, de su hijo con discapacidad y los propios para atender su patología renal. Cecilia detalló la historia clínica de su familia y contó que su hijo fue víctima de los paramilitares quienes le causaron el estado de salud actual. Una vez terminó de hacer su denuncia, la señora se desplomó y posteriormente falleció.
Estos dos casos, que representan bien el día a día de pacientes, se corresponden también con los datos que demuestran el deterioro financiero del sistema de salud. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo le informó recientemente a la Corte Constitucional que en 2025 recibió 46.105 quejas por el derecho a la salud, lo cual representa un aumento del 78% respecto a periodos anteriores; el 32% de estas quejas son a causa del no acceso o acceso tardío o parcial de medicamentos. También informó la Defensoría que se han incrementado las tutelas en salud en un 41 % entre enero de 2024 y diciembre de 2025. Y la tasa de reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud aumentó en un 34,2 % entre 2024 y 2025, registrándose cerca de 685.000 reclamos por medicamentos.
“En Colombia no hay un caos de la salud, no digan mentiras … lo que hay es un caos en las EPS”,dijo el Presidente en una manifestación que organizó esta semana para transmitir su teoría de lo que ocurre con el sistema de salud. El Presidente omitió mencionar que el Gobierno es el rector del sistema, que además cuenta con una Superintendencia con capacidad de vigilancia y control y que tiene suficientes poderes administrativos y financieros para garantizar la calidad del servicio.
En Colombia existe un consenso político y jurídico respecto a la salud como un derecho fundamental (verLey Estatutaria 1751 de 2015). El conflicto político radica en el diseño que debe adoptar el sistema: público, privado o mixto. Sin un sistema de salud funcional que atienda necesidades reales, el derecho a la salud será una quimera. La situación es trágica: el Congreso no aprueba una reforma, el gobierno nacional está dejando morir el sistema existente, la oposición culpa a Petro y, mientras tanto, pacientes viven el dolor de enfermedades tratables y muertes prevenibles. Esto es especialmente preocupante para pacientes crónicos porque requieren continuidad de los servicios para vivir con dignidad. Estas personas no tienen tiempo para esperar que los políticos se pongan de acuerdo; los tiempos clínicos avanzan con mayor rapidez que los tiempos políticos.