“Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio” dijo hace casi dos años la entonces ministra de salud, Carolina Corcho, esbozando una estrategia para aprobar su reforma al sistema sanitario.

No importaba que ese mismo sistema que se proponía acabar hubiera sorteado exitosamente la pandemia más severa del último siglo o que estuviera ranqueado en todas las comparaciones internacionales como uno de los mejores en el hemisferio occidental.

O quizás sí importaba. Con una aprobación superior al 70% el sistema de la Ley 100 gozaba de amplio respaldo de la población. Se requería empujarlo a la crisis de manera “expresa, evidente o rotunda”, según las acepciones de la RAE, para que se crearan las condiciones propicias para una reforma integral del sistema.

Se trataba, en ultimas, de implementar en la Colombia del siglo veintiuno la vieja estrategia marxista-leninista consistente en intensificar los factores que llevan a la “situación revolucionaria” –o sea, crear o profundizar una crisis– para que la gente opte por la sublevación del orden establecido.

La clave de bóveda para generar la crisis explícita propuesta por la señora Corcho era, por supuesto, la chequera gubernamental. La mayoría de las asociaciones público-privadas para proveer bienes públicos –y el sistema de salud de la Ley 100 es un ejemplo de ellas– requieren mecanismos de cofinanciación entre el Estado y el particular. Para empujar el sistema por el abismo no había ni siquiera que cerrar el chorro de recursos; disminuirlos o demorarlos sería suficiente. La razón es la insuficiencia de la prima de aseguramiento, conocida como la UPC.........

© La Silla Vacía