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Apenas dos meses después de comenzar su gestión, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, ya tuvo que declararse impedido en uno de los asuntos más polémicos durante su gestión: la delimitación del Páramo de Santurbán. Por su amplia trayectoria en el sector privado y la gran cantidad de opiniones que ha dado sobre temas ambientales es probable que ese no sea el único asunto al que deba soltarle el mango debido a posibles recusaciones o conflictos de interés.

A nivel general, la cartera ambiental del gobierno de Abelardo de la Espriella se destaca por la trayectoria probada de sus funcionarios. Sin embargo, tal como pasa con otras carteras, sus funcionarios son cercanos a empresas privadas y ONG, lo que los expone a recusaciones y cuestionamientos en su nuevo rol.

Las cabezas del sector ambiental vienen de dirigir o representar organizaciones privadas. Además de Arjona, quien lideró por más de 20 años la ONG Conservación Internacional en Colombia, están Sandra Bessudo (Parques Nacionales), cuya familia es la dueña del grupo Aviatur; Sergio Piñeros (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) viene de consultoras ambientales y Andrés Herkrath (Ideam), de empresas del mercado de carbono. Por otro lado, el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental, Gustavo Guerrero, ha hecho carrera asesorando jurídicamente a empresas en trámites ambientales y desde la Procuraduría emitió múltiples conceptos sobre asuntos que ahora tendrá que dirimir. 

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La ley colombiana establece que un funcionario debe separarse del conocimiento de un asunto si él, su cónyuge o parientes tienen un interés particular y directo, o si fue apoderado, asesor, representante o miembro de la junta directiva de la entidad interesada (empresa u ONG) dentro del año anterior a la asunción del cargo. Además, obliga a los funcionarios a publicar sus conflictos de interés (vínculos societarios, clientes, juntas directivas) como medida de transparencia. 

Camilo Arango Duque, abogado experto en derecho ambiental y profesor de la Universidad de Antioquia, aclara que el conflicto de interés no es una condición inherente al perfil del funcionario, sino una situación fáctica que se concreta frente a decisiones específicas. Sin embargo, puede haber un sesgo cognitivo debido a su trayectoria que implique una cierta flexibilización en el rol de garante del interés general y del patrimonio natural del país. 

La Silla Vacía pidió información a las entidades y consultó las bases de datos públicas para identificar qué tanto riesgo tiene el equipo ambiental de De la Espriella de incurrir en posibles conflictos de interés.

Fabio Arjona Hincapié

Empezó su trayectoria entre 1983 y 1992 trabajando en la Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge (CVS), donde fue subdirector técnico y director general. Previamente, fue gerente ambiental de la empresa hidroeléctrica Urrá y director del Plan de Acción Forestal en Colombia, un programa de la FAO. En mayo de 1997 y hasta 1998 fue viceministro de Ambiente y, desde 2001 hasta 2026, fue vicepresidente y director ejecutivo para Colombia de la ONG Conservación Internacional (CI). 

Cruces de intereses. Conservación Internacional es una de las ONG más importantes del país y tiene una amplia trayectoria de trabajo conjunto con el sector público. En los últimos diez años ha suscrito contratos y convenios por al menos $21.000 millones con diferentes entidades públicas, como el Ministerio de Ambiente (2022), la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) y la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (2025). El contrato que se suscribió con el Ministerio de Ambiente fue el convenio 794 de 2022, por 3.900 millones. Su objetivo es identificar y orientar técnicamente la nominación, verificación y el reporte internacional de áreas Omec, que son aquellas zonas delimitadas que no pertenecen al sistema oficial de áreas protegidas, pero logran conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

CI también ha tenido contratos con fondos públicos, pero que operan bajo el régimen privado, es decir, sin los requisitos de contratación de las entidades estatales. El Fondo Colombia en Paz registra un contrato en 2020, por $15.065 millones, de los cuales, $6.720 millones corresponden al aporte del Fondo y CI aportaba el resto a modo de contrapartida. Con el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, creado por el gobierno Petro en 2023, registra un convenio firmado en 2025 por $11.845 millones, de los cuales $11.549 millones corresponden al aporte del Fondo. Este último tiene como objetivo el ordenamiento alrededor del agua y adaptación climática en el paisaje Chingaza–Sumapaz–Guerrero–Guacheneque. 

“Existe un evidente conflicto de interés: el ministro tendría que declararse impedido en proyectos relacionados con Conservación Internacional e incluso ellos deberían mantenerse un poco distantes”, señala Tatiana Roa, exviceministra de Ambiente durante el gobierno Petro.

Bajo el liderazgo de Arjona, CI también tuvo convenios con empresas que han tenido cuestionamientos ambientales y sociales. Entre ellas figuran la petrolera Gran Tierra Energy, que ha tenido denuncias por derrames de petróleo y por parte de pueblos........

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