Gobierno Petro ejecuta medio billón de pesos con “contrataderos” en vísperas electorales |
A finales de 2025 e inicios de 2026, el gobierno del presidente Gustavo Petro firmó convenios por $618 mil millones con organizaciones que han sido señaladas por el mismo gobierno como “contrataderos”. Esta expresión describe a organizaciones mixtas, utilizadas para canalizar grandes cantidades de recursos públicos de manera rápida, dirigida, opaca, en muchos casos con intereses electorales y altos riesgos de corrupción.
La plata del presupuesto público sale del Departamento de Prosperidad Social, la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Energía, el Ministerio del Interior, la Agencia de Desarrollo Rural y la Superintendencia de Transporte. Ellos son los firmantes de los convenios con AlDesarrollo y Red Summa, Red Universitaria y el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (Cisp).
Los convenios están dirigidos principalmente a población vulnerable, víctimas del conflicto y comunidades indígenas, bases electorales de la izquierda que están en el corazón del discurso político de Iván Cepeda, el candidato del Pacto. Además, se están ejecutando a nombre de un gobierno que ha hecho un uso sin precedente del poder estatal para participar en política a favor de Cepeda.
El presidente Petro ha intervenido abiertamente en campaña y ha ordenado a su gobierno mostrar sus resultados para impulsar su continuidad con Cepeda. “Ay de Dios del que se atreva a elegir su propio verdugo. Cansado de tanta sangre derramada, de tanta injusticia social. Es la hora de los pueblos”, arengó en un evento de entrega de tierras en Tolima hace unos meses.
Sin embargo, se trata de una contratación que genera unos réditos políticos claros y que pone en desigualdad a los demás candidatos presidenciales.
Más allá de entregas a poblaciones que necesitan atención inmediata, como las víctimas, buena parte del medio billón de pesos se gasta en bienes en especie, como los que usan los políticos tradicionales para sus clientelas: electrodomésticos, dotaciones para proyectos productivos familiares, dotaciones para comunidades, como parques. Además hay dinero para promover eventos, como ferias empresariales.
AlDesarrollo y Red Summa fueron denunciadas el año pasado en la Fiscalía por la Secretaría de Transparencia, la entidad anticorrupción que funciona en Presidencia, bajo la autoridad directa del presidente Petro. Según su director, estos contrataderos participan en presunta “colusión”.
Esta investigación revela que la mayoría de los contratos fueron firmados siguiendo el mismo patrón de las denuncias de la Secretaría de Transparencia que investiga la Fiscalía. En la mayoría de los casos no hay publicadas evidencias de la ejecución, como obliga la ley.
En todas las entidades del Estado respondieron que la ejecución de recursos no está anclada a las elecciones sino al cumplimiento de sus obligaciones en el Plan de Desarrollo, y descartaron el uso electoral de la plata pública.
Del “inmenso robo” al uso de los contrataderos
“Estamos hablando de un seguimiento por posibles violaciones a los regímenes de libre competencia. Estamos hablando de colusiones, que es un esquema donde se ponen de acuerdo para generar precios en algunos casos artificialmente altos y quedarse con la contratación direccionada”, dijo Andrés Idarraga, secretario de Transparencia de Presidencia, cuando le pidió a la Fiscalía investigar la concentración de 1.3 billones de pesos en contratos de Aldesarrollo y Red Summa.
Esas dos organizaciones hacen parte de una red que ha terminado envuelta en varias denuncias sobre irregularidades y presunta corrupción.
El mecanismo de los contrataderos funciona así: una entidad pública cualquiera se asocia con privados para crear una nueva empresa cuyo objeto social es tan amplio, que puede ser contratada para hacer desde talleres educativos hasta obras de infraestructura a gran escala.
Esa nueva empresa, por ser mixta (con participación pública y privada), entra en una zona gris que le permite tener lo mejor de los dos mundos: como es pública puede recibir contratos directos con el Estado y como es privada puede ejecutar esa plata sin las exigentes reglas de la contratación pública.
El gancho es que ofrecen una........