Según el presidente Gustavo Petro, “la acusación a Bonilla es injusta”. En un largo y confuso mensaje, defendió a Ricardo Bonilla, su ministro de Hacienda, de los crecientes testimonios que lo señalan de ser uno de los cerebros de un entramado de corrupción por medio del cual el gobierno Petro compró votos de congresistas.

Las filtraciones de los testimonios ante la justicia de exfuncionarios de Petro en la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd), Olmedo López y Sneyder Pinilla, señalaron al antes profesor de la Universidad Nacional, de 75 años, de ser un actor clave en el direccionamiento de proyectos a regiones de diversos congresistas que apoyaron proyectos del gobierno. Voces de la oposición piden su renuncia. Y este fin de semana se sumó el testimonio de su exasesora en el MinHacienda, María Alejandra Benavides, quien da detalles internos comprometedores.

En su mensaje, Petro sugiere que Bonilla fue víctima del “mismísimo sistema político” y de un “relato periodístico” que busca “destruir alternativas políticas”. Al menos una parte de las acusaciones más frescas, reveladas por Semana, sobre la entrega de cupos indicativos a congresistas parece caber dentro de lo que la defensa de Bonilla llama “riesgo permitido legalmente”. Es decir, la mermelada de siempre, amparada legalmente.

Pero su rol en la entrega de proyectos desde la Ungrd es distinto. Según el testimonio de su exasesora, Bonilla sabía que iban direccionados a “contactos” (alcaldes y funcionarios) seleccionados por congresistas, de quienes el ministro necesitaba con urgencia su voto en la Comisión de Crédito Público. Ahí está expuesto a varios delitos. La Fiscalía es quien debe encargarse de la investigación contra Bonilla y después acusarlo ante la Corte Suprema de Justicia por su fuero de ministro.

Por lo pronto, así encaja su participación en los dos escenarios.

María Alejandra Benavides, exasesora del ministro Bonilla como enlace con el Congreso, le entregó a la Corte Suprema de Justicia un listado de inversiones regionales que, al parecer, se viabilizaron a través del Invías para favorecer a un grupo de senadores de la Comisión Tercera, que es clave porque ahí se aprueba el presupuesto. Lo que adentro del Congreso se conoce como cupos indicativos y de los que, según la exasesora, Bonilla estaba enterado.

En el listado de beneficiarios de esos cupos están Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, Juan Diego Echavarría, Karina Espinosa, Juan Pablo Gallo, Jairo Castellanos, Liliana Bittar y José Gnecco. Los ocho hacen parte de la Comisión Tercera del Senado, la que se encarga de las reformas tributarias y por donde deben pasar las discusiones del presupuesto. Una comisión del resorte del ministro de Hacienda.

Las partidas suman más de 120 mil millones y se habrían gestionado y entregado en 2023. En varios casos esa plata que el Invías bajó vía convenios a departamentos como Arauca, Antioquia, Valle, Córdoba, Cesar, Bolívar o Norte de Santander ya se contrató o se endosó a obras en curso.

Por ejemplo, un cupo de 10 mil millones de pesos para la pavimentación de una carretera en Tibú, Norte de Santander, que, según los reportes de la exasesora Benavides, es del senador Jairo Castellanos, se usó como adición de un contrato que venía ejecutándose desde 2021. El contratista de esa obra es AGM Desarrollo........

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