“Lo estoy anunciando públicamente, no esperen notificaciones”, anunció el nuevo interventor de Aire-e, Carlos Diago, sentando el tono desafiante que la toma de control de la compañía de luz más grande del Caribe ha tenido hacia los poderes locales. “Por instrucción del presidente Gustavo Petro no vamos a gravar el recibo con cobros de terceros”, agregó.

Diago se refiere a dos cobros que se hacen en las ya impagables facturas de luz del Atlántico, y que desde hace años van a la Gobernación y a empresas privadas de poderosos de la región: la tasa de seguridad y el impuesto de alumbrado público.

Suspender esos cobros ha sido, hasta ahora, una promesa vacía para bajar la factura y la Superintendencia de Servicios Públicos le bajó el tono al anuncio del interventor. Además, tiene riesgos legales, disminuiría el recaudo de esos tributos y no solucionaría el problema de fondo al no tocar aún el precio del kilovatio.

Pero aún si no funciona, la movida del gobierno Petro, con Diago a la cabeza, desnuda el uso cuestionable que han hecho mandatarios locales, como Elsa Noguera, con rubros que encarecen la factura de la luz en inversiones con altos réditos políticos, pero no resultados garantizados en seguridad.

Esta investigación de La Silla Vacía y La Contratopedia Caribe* muestra cómo se han usado $56.911 millones de la tasa de seguridad para pagar desde un contrato a una empresa que perteneció a los Daes hasta clases de baile a la fundación de la hija de Germán Vargas Lleras, aliado de los Char.

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La tasa de seguridad y convivencia es un impuesto que existe en el Atlántico desde 1958 y se cobra en la factura de energía. Desde el primer gobierno de Verano (2008—2011) se ha utilizado para construir obras de infraestructura con el argumento de que recuperar los entornos físicos mejora la seguridad.

El cobro de esa tasa tiene piso en una ley nacional y una ordenanza departamental. En 2017, la Asamblea le dio facultades al entonces gobernador Verano para seguir cobrándola en la factura de energía con unos montos fijos para los usuarios residenciales, que varían según su estrato: los del uno pagan en promedio $3.336 y los del seis $91.684. Para los comerciales e industriales dependerá de su consumo de energía.

Pero además de la normativa local, desde 2022, una ley refrendada por la Corte Constitucional señala que la tasa de seguridad “se cobrará conexo al servicio público domiciliario que defina la correspondiente Asamblea”.

El anuncio de Diago de no cobrar ese impuesto en la factura de Air-e causó polémica en el establecimiento barranquillero, especialmente en el gobernador Verano. Diago es un veterano ingeniero eléctrico, que trabajó durante 21 años en la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica (Corelca), de la que fue gerente entre 1996 y 1998. En el último tiempo venía de ser particularmente crítico del uso de la tasa de seguridad y miembro del Comité Atlántico, iniciativa de académicos y activistas que promueve una tarifa de energía justa.

La preocupación del gobierno de Verano se da porque Air-e recauda más del 80% de la tasa con la que la Gobernación financia sus políticas de........

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