“Los actuales beneficiarios de créditos y programas de subsidio a la universidad privada mantendrán la ayuda del Estado”, dijo esta semana el presidente, Gustavo Petro, en medio de la tormenta que ha desatado su gobierno por el retraso en los pagos al Icetex y la falta de claridad sobre la habilitación de nuevas cortes. “Como estamos ante otra campaña de terror mediático, aclaramos: el erario fortalecerá la universidad pública y gratuita”, agregó.

El pronunciamiento envía un mensaje a dos bandas. Por un lado, el gobierno se cura en salud y evita reclamaciones por derechos adquiridos, permitiendo la renovación de 180 mil créditos. Pero, por otro, no desvirtúa la alerta de crisis explícita y marchitamiento del Icetex que hoy hacen en el sector, al afirmar que fortalecerá a las universidades públicas y al tiempo guardar silencio frente a los 35 mil créditos para estudiantes nuevos que proyectaba la entidad para el primer semestre de 2025.

En escena está la vieja dicotomía de una izquierda que promulga el fortalecimiento de la oferta de educación pública y reniega de la financiación estatal a la demanda de créditos para el pago de privadas. Ahora, reeditada por Daniel Rojas, un ministro activista que se hizo en el movimiento estudiantil, donde ven con recelo el rol del Icetex. Sin embargo, la crisis que hoy vive la Universidad de Antioquia, la segunda pública del país, muestra los límites a la apuesta de quitarle músculo a las privadas y llenar ese espacio con las públicas, hoy con rezagos de infraestructura y un hueco acumulado de $18 billones.

Y aunque políticos y expertos coinciden en que hay que reformar al Icetex, insisten en que desmontarlo abruptamente pondría en vilo el acceso que el gobierno tanto ha defendido, además de hacer aún más improbable su promesa de crear 500 mil cupos nuevos.

La U. de A. pasa por una crisis financiera sin precedentes en tiempos recientes. De hecho, esta semana se votó un paro indefinido de estudiantes, que desde ya desempolva la movilización universitaria que tuvo lugar en el gobierno Duque. La institución, desde hace meses, es el piloto de una crisis anunciada años atrás por las limitaciones de la Ley 30, que define el financiamiento de las universidades.

Y aunque las turbulencias se han exacerbado por las tensiones entre la alcaldía de Federico Gutiérrez, la gobernación de Andrés Julián Rendón y el gobierno Petro, que se han tirado la pelota en esta coyuntura, de fondo está un crecimiento acelerado en infraestructura y cupos que no se compadece con la financiación estatal. El hueco acumulado es de $348 mil millones y para terminar este año, hasta hace poco, se necesitaban $140 mil.

El tenor de la crisis lo muestran una seguidilla de asambleas internas y protestas que incluso han resultado en bloqueos al hospital de la propia universidad. También un plan de austeridad en el que se montó la administración del rector John Jairo Arboleda, ante el pedido del gobernador Rendón de ahorro interno a cambio de ayuda.

Ese plan, según Cristian García, miembro del movimiento estudiantil de la universidad, funcionó poco y solo generó caos interno en la institución.........

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