El gobierno Petro está frente a una posible crisis presupuestal. Otra vez. El presupuesto que le presentó al Congreso para el 2025 está desfinanciado en 12 billones de pesos, según sus propias cuentas, por lo que necesitan una ley de financiamiento para fondearlo. Instituciones como la Carf, el Observatorio Fiscal de la Javeriana y el Banco de Bogotá advierten que el hueco es más grande, de entre 31 y 40 billones, una cifra equivalente a todo el presupuesto de Bogotá.
La discusión del presupuesto arranca con la desconfianza en Hacienda para garantizar su financiación y con la sombra del escándalo de la Ungrd, en el que está implicado el ministro Ricardo Bonilla. El ministerio no ha destapado sus cartas frente al contenido de la anunciada ley de financiamiento, que debe incluir una reforma tributaria, mientras sigue confiando excesivamente en la capacidad de la Dian para aumentar el recaudo, una tarea en la que viene de fracaso en fracaso.
“Es legítimo que se pida más claridad. Mi trabajo es entender las necesidades de los congresistas. Tenemos tiempo para hacerlo antes de que se tomen las decisiones definitivas”, le dijo a La Silla el director de presupuesto del MinHacienda, Jairo Bautista.
El presupuesto del 2025 presentado por el gobierno es de 523 billones de pesos, un aumento del 3% frente al presupuesto del 2024, que tuvo que ser recortado en 20 billones de pesos tras el descalabro en la recaudación de impuestos. El presupuesto de inversión, de 82,5 billones, será el monto que más bajará para el 2025, con el sector tierras (-44%) y de las TIC (-35%) como los más castigados.
El escándalo de Gestión del Riesgo sigue recorriendo las comisiones económicas del Congreso. El 12 de agosto, la mesa directiva de la Comisión Tercera de la Cámara designó al representante liberal, Julián Peinado, de Antioquia, como coordinador ponente del presupuesto. Luego, Peinado le envió una carta a la comisión renunciando a la designación con el argumento de que estaba en desacuerdo con su distribución.
La renuncia de Peinado tuvo más razones. La principal, el costo político de ser uno de los seis congresistas de la Comisión de Crédito Público señalados de beneficiarse con contratos de la Ungrd, la entidad en la que estalló el principal caso de corrupción del gobierno Petro. Por eso, el representante desistió a ser ponente, pese a que serlo significa tener más capacidad para........