Uno de los ejes claves de los cuatro años de la presidencia de Gustavo Petro tuvo que ver con la transformación energética nacional. Esta fue la piedra angular de su discurso económico y ambiental, que insistió con una urgencia nunca antes vista en el país en abandonar los combustibles fósiles y migrar hacia una matriz limpia.    

Para desarrollar esa estrategia avanzó en desincentivos a los fósiles en distintos frentes e intentó ponerle acelerador al avance de las energías alternativas. Esta apuesta lo enfrentó con gran parte de los sectores empresariales del sector energético e incluso con antiguos aliados de la izquierda, que la consideran una apuesta riesgosa para las finanzas del Estado. 

Aunque Petro prometió una transición energética justa, hoy los hogares pagan más por el gas natural, que es un servicio básico. La entrada de nuevas fuentes limpias no ha bajado los precios de la energía, que han aumentado ante la mayor dependencia del gas importado. 

En el camino se dio un histórico aumento de las energías solares que contrasta con el pobre avance de las eólicas. Ecopetrol entró más decididamente en los negocios fuera de los hidrocarburos, aunque en medio de críticas sobre la sostenibilidad de la empresa. También quedó pendiente una definición de la hoja de ruta nacional sobre transición energética. 

Estos son cinco frentes en los que se desarrolló la promesa de la transición energética del gobierno Petro.

1. La transición energética entró al centro de la disputa sobre el desarrollo

El gobierno Petro convirtió la transición energética en un eje de la política económica y ambiental del país, un cambio discursivo enorme frente a 2022, cuando la transición energética existía más como un complemento técnico de la política mineroenergética. 

En esta nueva visión, la integración de las fuentes alternativas de energía a la matriz eléctrica debía ir a la par con un marchitamiento paulatino de la exploración y explotación de hidrocarburos. Se trataba, así, de iniciar un reemplazo o sustitución de las energías fósiles.

Esto se concretó en decisiones como la moratoria a la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. También el desmonte parcial de los subsidios a la gasolina, así como los distintos proyectos de ley que intentaron prohibir el uso de la técnica fracking para extraer gas y petróleo, la cual no se realiza en la actualidad.  

El presidente Petro expresó esta visión en múltiples discursos y en varios escenarios multilaterales, donde posicionó a Colombia como un símbolo de la vanguardia global antipetróleos. En la COP 30 de 2025 lideró la declaración política para dejar atrás los combustibles fósiles. Este año fue el anfitrión de la primera Conferencia para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles. 

También llevó la causa al terreno de la movilización social. Intentó empujar la agenda de la transición apoyando la creación de un nuevo movimiento con esta causa, aunque su impacto todavía no ha sido muy visible.  

En la lectura del gobierno, las críticas a su agenda de transición energética vinieron, especialmente, de los sectores gremiales y empresariales que intentaron sembrar un ambiente apocalíptico alrededor de su visión de la transición energética. 

“Están empecinados en ver el vaso medio vacío”, dice el ministro de la cartera energética, Edwin Palma. 

Pero el trasfondo de esta diferencia tiene que ver con que, durante el gobierno Petro, aumentó la dependencia nacional del gas importado, lo que elevó los precios de esta fuente de energía e incrementó los llamados a no dejar de explotar nuevas reservas de gas en el territorio. 

Inicialmente, el gobierno tuvo una actitud de negación del problema del abastecimiento de gas. La primera ministra de esa cartera decía que Colombia tenía suficiente gas y petróleo y calculó erróneamente la autosuficiencia de gas hasta 2037. 

Luego, el ministro Andrés Camacho dijo: “gas tenemos”. Posteriormente reconoció que el país tenía que importar gas, pero culpó a las empresas por incrementar los precios a los usuarios y se quedó corto para ampliar la infraestructura de regasificación que es necesaria para traer el gas que viene de afuera al sistema nacional. Así, los usuarios más vulnerables terminaron pagando por un gas más caro, lo que va en contravía de la idea de una transición justa que hace que los usuarios paguen........

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