El Tribunal Constitucional, en uno de los actos más inconstitucionales que recuerde la jurisprudencia peruana, violando el texto expreso de la Constitución, le dio facultades al Congreso para que gastara casi a su libre albedrío en el ya lejano año 2022. Las consecuencias han sido desastrosas en varios planos. En el moral, porque es una fuente abierta de corrupción y, como bien sabemos, 'en arca abierta, hasta el justo peca'. En el político, porque la compraventa de proyectos ha sido la moneda de cambio para conseguir consensos otrora imposibles. Y en el económico, porque el agujero fiscal no ha hecho sino crecer pese a las alertas, ruegos, reclamos y toda clase de advertencias, tanto del Consejo Fiscal como del BCR.

Por si no lo conocen, el texto del artículo 79 de la Constitución dice: 'Los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto'. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Cómo es que el Tribunal Constitucional leyó ese artículo en 2022 e interpretó que ahí decía exactamente lo contrario? ¿No es acaso prevaricato? Ni crear, ni aumentar. Punto.

Los asesores económicos de Fujimori ya lo habían advertido. Luis Carranza lo reiteró en varias entrevistas durante el verano: el Congreso no puede seguir gastando de manera demencial. Con la interpretación complaciente del TC, cualquier ministro de Economía queda con las manos atadas. Ninguno medianamente decoroso aceptaría el cargo en esas condiciones, pues no sería más que........

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