El 19 de julio de 2026, en el cuadragésimo séptimo aniversario de la revolución sandinista, Daniel Ortega expresó lo que ya era un secreto a voces: en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”. No fue un desliz retórico ni una amenaza calculada para negociar. Fue la culminación lógica de un proceso que había empezado mucho antes y encontró su forma jurídica perfecta.

La reforma constitucional de 2024 convirtió a Rosario Murillo, esposa de Ortega, en copresidenta (no vicepresidenta reforzada, sino jefa de Estado y de gobierno en igualdad formal con su esposo) y extendió el período presidencial de cinco a seis años, facultando, además, a la pareja para nombrar y destituir a discreción a ministros, fiscales y jefes de misión diplomática. Ese armazón no dejaba mucho margen de duda sobre hacia dónde iba el país. Lo novedoso ahora es que Ortega dejó de fingir que había margen alguno.

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