Ollanta Humala, una detención arbitraria sin delito, por Wilfredo Pedraza |
El expresidente de la República, Ollanta Humala, sufre una arbitraria prisión desde el 15 de abril del 2025, luego de ser injustamente condenado en primera instancia por delito de lavado de activos, por supuestos aportes para sus campañas electorales del año 2006 y 2011, imputación que a lo largo de los 11 años de proceso ha sido rechazada por todos los dirigentes del Partido Nacionalista Peruano.
El Tribunal Constitucional en el caso Keiko Fujimori y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en el caso Susana De la Puente ya han señalado expresamente que tales hechos no constituyen delito de lavado de activos, por lo que no debería existir aspectos que discutir sobre la tipicidad de tales hechos. Por ello, si las máximas instancias de la justicia constitucional y penal en nuestro país han establecido que los aportes para campaña política antes del 2016, incluso hasta antes del 2019, no eran delito, ¿por qué el expresidente Ollanta Humala continúa en prisión?
A la fecha, es innegable que las condiciones procesales del expresidente han cambiado sustancialmente. No solo porque está siendo juzgado por hechos que no constituyen delito, sino porque una Sala Superior Constitucional de Lima ha declarado fundado un hábeas corpus a su favor, señalando expresamente que la ejecución provisional de su condena fue ilegal y arbitraria, porque fue enviado a prisión sin sentencia escrita ni motivada, como manda la Constitución Política del Perú. Ese hecho totalmente arbitrario le impidió apelar esa decisión durante 17 días, lo que no debería ocurrir nunca, lo que refuerza, como señalan los miembros del Partido Nacionalista Peruano, un trasfondo político en las decisiones del sistema de justicia.
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