¿Por qué Venezuela, tras la caída de Maduro, no puede tratarse como una transición política normal?, por Nancy Arellano |
La situación venezolana escapa a todo precedente contemporáneo: es la evidencia viva del riesgo que representa un Estado híbrido, ese Frankenstein geopolítico en el que las instituciones formales se fusionan con redes de crimen organizado transnacional. Como un pulpo de múltiples tentáculos, diluye la soberanía clásica en un mapa de poder multiactor.
El 3 de enero de 2026, la extracción y detención de Nicolás Maduro por cargos de narcoterrorismo y tráfico de armas y drogas marca un punto de ruptura. No es un suceso político, sino un hecho penal internacional con claros efectos soberanos. El evento inaugura el dilema de fondo que define esta nueva etapa:
¿Debe la comunidad internacional respetar la “autodeterminación” de un Estado capturado por redes criminales, o priorizar la defensa de los derechos humanos y la seguridad hemisférica? ¿Hay realmente un esquema donde se prioriza la autoritas de facto, así sea en perjuicio de las mayorías populares y con impacto regional?
Responderlo con sensatez implica no solo reconocer que Venezuela no puede vivir una transición política normal, porque ya no es —hace años— un Estado-nación ordinario, sino un nodo criminal transnacional en proceso de desmontaje. Y también implica considerar el impacto que estos hechos imponen en un reordenamiento y actualización del sistema internacional.
El derecho internacional contemporáneo vive en tensión entre los principios de soberanía y de responsabilidad de protección. La detención de Maduro imprime a Venezuela un carácter sui generis: es un Estado sometido a procesamiento penal internacional mientras intenta reconstruirse políticamente.
Nada similar ocurrió en Chile tras Pinochet ni en Irak tras Sadam. En esos casos, ambos regímenes cayeron con estructuras estatales distinguibles del crimen transnacional. Tampoco es asimilable a la historia venezolana de la salida de Pérez Jiménez, en 1958. La Venezuela chavista, por el contrario, desdibuja la frontera entre el poder público y la economía ilícita.
La Misión Internacional Independiente de la ONU verificó desde 2014 que el aparato de seguridad venezolano (SEBIN, DGCIM, GNB) cometió crímenes de lesa humanidad:........