El derrumbe de los casos Odebrecht sobre lavado de activos en política ha quedado representado por tres sentencias: una de la Corte Suprema en el caso De la Puente, y dos del Tribunal Constitucional, la del caso Fujimori y la del caso Humala, que acaba de publicarse.

 No faltan debates sobre el contenido de estos fallos. Haberse pronunciado sin esperar que lo haga el Poder Judicial es la crítica más seria contra el Tribunal Constitucional. Que baste poner los fondos a nombre propio en un banco para salir del ámbito de lo sancionable funda la crítica más dura contra la Corte Suprema. Ambas merecen ser tomadas en serio. Pero además las construcciones legales que usa cada una de estas sentencias no son, en el detalle, necesariamente compatibles entre sí y no todas parecen corresponder a los hechos ni a las normas aplicables a los tres casos en debate. Hay cosas forzadas en algunos de estos textos.

 Pero sin perjuicio de esto, encuentro fundamental notar que estas historias comparten un fondo común. Antes que se emitieran estos fallos, los casos de esta serie ya habían quedado descolocados.

 La fiscalía ofreció estos casos como una serie sobre lavado de activos en política. De hecho puede lavarse dinero en política como en cualquier otra actividad. Pero si de esto se trataba, la fiscalía tendría que haber comenzado por desarrollar un caso en forma sobre lavado de activos contra Odebrecht y no lo hizo. El convenio por colaboración........

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