El desacato final, por César Azabache Caracciolo |
En las últimas semanas, bajo la penumbra que imponen los debates electorales, el Tribunal Constitucional ha hecho una declaración cuyos alcances están pasando desapercibidos. Se trata del caso Bustíos y de la condena impuesta a Daniel Urresti en abril de 2023, pero se trata además de las competencias de los tribunales de justicia y del destino final de los casos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en los años 80 y 90.
Ya condenado, Daniel Urresti hizo un pedido más que forzado al judicial: pidió que se anule el procedimiento que se siguió en su contra en atención a la ley sobre prescripción de crímenes de lesa humanidad que fue publicada en agosto de 2024, cuando su caso ya había terminado. En esa descripción original de las cosas, Urresti aparecía pidiendo algo que ningún tribunal le habría concedido. Los cambios en las leyes sobre prescripción no aplican a casos que ya han terminado; suponen casos abiertos, casos en los que haya una acción vigente que pueda ser puesta en cuestión.
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Aparentemente, alguien advirtió a la defensa de Urresti que su pedido no sería aceptado en ningún tribunal penal. No tenía cómo ganar. Entonces, la defensa se fue al Constitucional. Allí Urresti ganó la anulación que buscaba.
En la sentencia de febrero de este año, el Tribunal hizo más de lo que........