Hemos venido haciéndole seguimiento al viacrucis en el que se ha convertido la marcha a trochas y mochas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en el actual Gobierno, al que le ha faltado voluntad política para integrarla plenamente, para que pueda cumplir a cabalidad las funciones y competencias que le asignó el artículo 69 de la Ley 142 de 1994 de servicios públicos, al crearla como una unidad administrativa especial, dotada de independencia administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

Según el presidente de la República, Gustavo Petro, “el Gobierno Nacional cuenta con la voluntad de modificar el esquema tarifario de la energía en el país. sin embargo, decisiones judiciales y políticas lo han impedido…no ha podido en dos años, porque una y otra vez se atraviesa algún tipo de decisión judicial o política para defender los intereses de seis grandes pulpos de la generación eléctrica, que están ordeñando a toda la sociedad colombiana, ordeñando a la industria, ordeñando a la agricultura y ordeñando al poder productivo de Colombia”. En un duro cuestionamiento a los mandatarios del caribe les endilgó parte de la responsabilidad, insinuando su supuesta connivencia con las empresas. Pero, veamos los hechos.

En 2022 el presidente Petro responsabilizó de las excesivas alzas tarifarias a la Creg y se propuso asumir sus funciones y competencias para bajarlas, pero después de fracasar en el intento de asumirlas, la........

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