Durante mis once años como responsable del sindicato mayoritario de la Policía Nacional en Galicia defendimos numerosas causas que obligaron una y otra vez a acudir a los tribunales para reclamar derechos que ya habían sido reconocidos o que estaban avalados por resoluciones judiciales. No se trataba de peticiones arbitrarias ni de interpretaciones caprichosas, sino de reclamaciones respaldadas por mandatos judiciales e incluso por doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo.

Nuestra petición era clara. En primer lugar, que se restituyeran los derechos de los policías, porque el policía es el primero a quien debe defender el sindicato. Pero cuando, pese a existir mandatos judiciales y una doctrina consolidada, se percibía que el responsable encargado de dictar una resolución favorable obstaculizaba constantemente ese reconocimiento o retrasaba su aplicación, entonces también pedíamos algo más: que respondiera individualmente por su actuación.

Si un responsable público desatiende en la vía administrativa peticiones avaladas por mandatos judiciales, e incluso por doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo, obligando a cientos de policías a acudir a los juzgados para reclamar derechos ya reconocidos, debería responder personalmente por las costas del........

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