Visto para sentencia |
Tras veinte horas de interrogatorios a los acusados quedó visto para sentencia el pasado miércoles el primer capítulo de la trama de corrupción que desde hace cuatro años escandaliza la vida política española. Comienza el turno de las deliberaciones de los miembros del Supremo a los que ha correspondido el llamado caso de las mascarillas, que no se trata del más importante de la trama. Se calcula que se conocerá esa sentencia en el mes de julio.
Quedan hasta entonces semanas de incertidumbre para José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El fiscal pide 24 años de prisión para el primero, 19 para el segundo y 7 para el tercero. Pero independientemente de las repercusiones políticas y sociales que va a tener la sentencia, en estos últimos días se ha evidenciado la convulsión que se vive en el mundo judicial.
Daba la impresión que se había alcanzado el grado máximo de crispación con la filtración de datos personales del novio de Isabel Díaz Ayuso a varios medios de comunicación, que acabó judicializado y condenó al ex fiscal general Alvaro García Ortíz como inductor de la filtración. Perdió su puesto, pero no la carrera.
El Gobierno nombró sucesora a Isabel Peramato, colaboradora de García Ortiz que precisamente durante los días del juicio del caso Ábalos hizo una serie de nombramientos. No renovó el de Almudena Lastra como fiscal superior de Madrid y cuyo testimonio había sido fundamental para la condena de Ortíz, y Peramato ofreció importantes destinos a fiscales situados en el escalafón varios centenares de puestos por debajo de Lastra. En esta última tanda de nombramientos, destinó a la mujer de García Ortiz como número dos de la fiscal de Galicia.
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