En una democracia madura, las sentencias judiciales pueden discutirse, analizarse e incluso criticarse. Lo que no debería convertirse en una práctica habitual es desacreditar a los jueces cada vez que sus resoluciones contradicen los intereses políticos, ideológicos o personales de quienes las reciben. Sin embargo, esa peligrosa tendencia se está extendiendo en España con una intensidad cada vez más preocupante.

Resulta llamativo comprobar cómo numerosos responsables públicos proclaman su respeto a la independencia judicial mientras las resoluciones coinciden con sus intereses. Pero basta con que una sentencia les perjudique o afecte a personas de su entorno para que el discurso cambie radicalmente. Entonces aparecen las acusaciones de parcialidad, las insinuaciones sobre motivaciones ocultas y las campañas de desprestigio contra quienes únicamente cumplen con la función que les atribuye la Constitución: aplicar la ley.

Lo más preocupante es que buena parte de esas descalificaciones proceden de personas sin la más mínima........

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