El ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciado el 28 de febrero de 2026, representa un momento bisagra en el panorama geopolítico mundial actual, al final de esta guerra, el mundo ya no será igual, ya que el orden mundial unipolar está llegando a su fin.

En este contexto deplorable, los petro-dólares escasean y Bolivia busca atraer a los litio-dólares, es decir inversiones en proyectos de litio, para generar ingresos económicos, mediante un modelo de licitación internacional innovador, permitiendo que empresas extranjeras operen en alianza con la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

La Ley del litio, en vísperas de ser presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), será parte de un paquete de cuatro normas para los sectores de Hidrocarburos, Electricidad, Energías verdes y de Minerales Críticos, la Ley del Litio que está incluida, tiene el propósito de proteger al litio como recurso estratégico.

La Ley del Litio representa la esencia de una nueva estrategia del litio para Bolivia, como parte esencial de la inserción internacional de Bolivia en el mundo. La apuesta del país pasa por atraer empresas que tengan las últimas tecnologías en extracción directa de litio (EDL), para eso hay que trasparentar los procesos de licitación internacional y los contratos, facilitando la llegada de inversores que se asocien con Bolivia, mediante la creación de asociaciones Público-Privadas, respetando el diálogo parmente con las poblaciones próximas a los salares, mediante la consulta previa obligatoria, cuidando el agua y el medio ambiente, creando más capacidades tecnológicas y de capital humano con la agregación de valor y el desarrollo de encadenamientos productivos hasta la producción de materiales catódicos y de baterías.

Para generar condiciones de máxima certidumbre para los inversionistas, Bolivia podría tomar la decisión soberana de respetar los contratos firmados por el anterior gobierno con el consorcio chino CBC-CATL y con la empresa rusa Uranium One, los mismos que son perfectibles y deben ajustarse a la nueva Ley del Litio.

Para dicho propósito el actual gobierno presentará el anteproyecto de la Ley del litio que toma en cuenta el siguiente ordenamiento jurídico.

La Constitución Política del Estado en su artículo 369, junto con la Ley 535 de Minería y Metalurgia, en sus artículos 26 y 27, declaran los recursos evaporíticos (incluido el litio) como propiedad del pueblo boliviano, con administración exclusiva del Estado.

La Ley 928 crea Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que es la encargada de la gestión de los recursos evaporíticos, sin embargo, en esa misma ley, se establece que los procesos de semi-industrialización, industrialización y tratamiento de residuos pueden llevarse a cabo en colaboración con entidades privadas internacionales.

Dentro del abanico de opciones, existe la posibilidad de aplicar el modelo de Empresas Público-Privadas, o empresa Mixta, debido a la naturaleza corporativa de YLB que permite la creación de filiales.

El litio no solo construye riqueza, también construye esperanza y credibilidad. Bolivia tiene las mayores reservas de litio del mundo, un mineral que, al estar en las baterías de almacenamiento de energía de vehículos y drones eléctricos, resulta clave en la lucha contra la crisis climática y una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo, el desafío es que Bolivia se trasforme en unos de los principales productores de litio del mundo, aumentando de esta manera su riqueza y desarrollo, distribuyéndola justamente.

Para eso, La Ley del Litio debe promover no solamente la extracción sino también la generación de productos de litio con valor agregado, así la innovación científica y tecnológica asociada a esta tarea nos permitirá avanzar hacia un desarrollo que sea duradero, de mayor complejidad y de mayor diversidad.

*Es Doctor en economía y comercio de la Universidad La Sapienza de Roma, Italia

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