¿Golpeará el TC al Supremo en el caso García Ortiz? |
Antes de ser vilmente asesinado por la izquierda anarquista, el presidente del Gobierno, Eduardo Dato, había pronunciado un discurso en el que se refirió a la plaga del «clientelismo político» que él intentó extirpar antes de que los asesinos dieran cuenta de su vida. Tanto en las dictaduras como también en las democracias se reproduce el abuso de favorecer con cargos y prebendas, con indultos y amnistías, con promociones y dineros, a los miembros cercanos que militan en el partido político favorecido.
No sé por qué se extrañan algunos de que Teresa Peramato, fiscal general del Estado, gestione con eficaz diligencia que se desbroce el camino para que su antecesor en el puesto, Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo, consiga la absolución del Constitucional.
La politización de este último ha sido tristemente reiterativa. Se podrían enumerar una docena de casos políticos en los que los constitucionalistas enmendaron a los magistrados del Tribunal Supremo. Desde que el TC empezó a funcionar tras la Constitución de 1978, los escándalos de uno u otro género han envuelto a un Tribunal que debería mantener la más completa neutralidad y que ha robustecido la idea general de que decide lo que al Gobierno favorece o lo que el Gobierno ordena.
Teresa Peramato no ha hecho otra cosa que poner en marcha aquello que el fiscal general de Pedro Sánchez necesita. Y lo está haciendo con prudencia, con eficacia y con el buen sentido que todos reconocen en esta fiscal, encaramada hoy en uno de los puestos claves del poder judicial.
Alberto Núñez Feijóo pactó en su día la composición del Tribunal Constitucional con Pedro Sánchez. Con la habilidad que le caracteriza, el presidente del Gobierno engañó al líder del Partido Popular. Gracias a la pusilanimidad de Feijóo, el presidente sanchista ha dispuesto en Moncloa de un Tribunal Constitucional dispuesto a respaldar los deseos o las instrucciones de Pedro Sánchez.
Eduardo Dato, en fin, tenía razón cuando en 1920 afirmó que el «clientelismo político» es uno de los males endémicos de la política democrática española. Si los tiempos no detienen la operación, tendremos ocasión de contemplar el cachete que el Constitucional propinará al Supremo en el caso García Ortiz.