Mientras Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos, enfrenta un proceso judicial en prisión preventiva por violencia familiar, su gestión al frente de la paraestatal sigue arrojando sombras que las autoridades no pueden, ni deben, pasar por alto.

La más reciente es un contrato por hasta 4 mil 838 millones de pesos adjudicado sin licitación, para el arrendamiento de vehículos de seguridad. Y detrás de esa millonaria asignación, las piezas de un rompecabezas corporativo comienzan a encajar de manera inquietante. Una denuncia presentada los primeros días de julio ante autoridades federales, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Omar Reyes Colmenares, el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, la Fiscalía General de la República (FGR), de Ernestina Godoy, y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de Aureliano Hernández Palacios, documenta con precisión quirúrgica las coincidencias entre representantes legales, antiguos socios, domicilios corporativos y participaciones en otros procedimientos de contratación pública para exponer que existen grupos empresariales que ejercen control sobre las compañías participantes y que hubo relaciones no reveladas durante el procedimiento de excepción.

Lo que está en juego es saber si esas conexiones fueron transparentadas cuando debían serlo, si generaban conflictos de interés o si existían estructuras de control distintas de las que formalmente aparecen inscritas en el Registro........

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