Una vez que se publicaron los datos de déficit público de 2025, a primera vista parece que el resultado ha sido bueno, entendiendo como bueno que haya quedado por debajo de la previsión. Efectivamente, ha habido menos déficit sobre el PIB del planeado, pero no porque haya habido menos gasto, el cual ha sido mucho mayor, sino por el incremento extraordinario de los ingresos donde se ha combinado el aumento de recaudación derivado de la inflación, por un lado, y los nuevos impuestos que asfixian a familias y empresas.

El Gobierno destaca una reducción del déficit de 8.811 millones de euros, pero sólo ha sido posible lograrlo por el incremento de los ingresos en 30.622 millones de euros, que hace que el gasto haya aumentado en 21.811 millones de euros. No estamos, por tanto, ante un ajuste del gasto, sino ante una expansión de los ingresos impulsada por la inflación.

Al no deflactar los tramos impositivos del IRPF, los contribuyentes pagan más impuestos simplemente por el efecto nominal de la subida de precios, sin que ello suponga una mejora real de su capacidad económica, en lo que se conoce como progresividad en frío, que merma el poder adquisitivo de los contribuyentes y los hace más pobres. Ganan más, pero el incremento de sus ingresos brutos va a parar a Hacienda, más parte de lo que antes ganaban debido a la citada progresividad en frío. Del mismo modo, como los precios suben -y lo hacen 8 décimas por encima de la media de la eurozona, en tasa interanual- los impuestos indirectos aumentan su recaudación, al aplicar el mismo porcentaje de impuesto sobre una base mayor.

Por tanto, el empeoramiento de la sostenibilidad de la economía española a medio y largo plazo es claro: se está consolidando gasto estructural sobre la base de ingresos coyunturales. Cuando la inflación deje de actuar como motor de la recaudación, el desequilibrio entre ingresos y gastos se hará evidente y aumentará el déficit estructural español, que ha sido siempre la gran preocupación de la Comisión Europea.

Además, el aumento del PIB nominal derivado de revisiones estadísticas y del propio efecto inflacionario contribuye a reducir artificialmente el peso del déficit en términos relativos. El denominador crece, pero ello no implica una mejora real de la economía.

Por tanto, lo que observamos en la política económica española es una estrategia que prioriza el corto plazo, apoyándose en factores transitorios para proyectar una imagen de solidez que no se corresponde con la realidad, y que refleja la sustitución de una economía productiva y próspera por otra subsidiada y empobrecedora, que refleja un incremento estructural del gasto público sobre la base de unos ingresos coyunturales, pasajeros, que generará graves desequilibrios en cuanto dichos ingresos dejen de tener ese positivo comportamiento temporal.

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