Toda sociedad necesita instituciones. Pero existen dos sin las cuales la convivencia civilizada resulta prácticamente imposible.

Una protege a los ciudadanos frente al delito, la otra los protege frente a la arbitrariedad. Una es la Policía; la otra, la administración de justicia.

No fueron creadas para servir al gobierno de turno ni para convertirse en instrumentos de intereses particulares. Fueron creadas para proteger a la sociedad y para garantizar que la ley prevalezca sobre la fuerza, el abuso y la corrupción.

Cuando cumplen esa misión, los ciudadanos pueden vivir con la tranquilidad de saber que su vida, su libertad, su propiedad y sus derechos se encuentran amparados por la ley. Cuando dejan de cumplirla, comienza a deteriorarse algo mucho más profundo que una institución. Se deteriora la confianza sobre la que descansa toda la convivencia social.

Eso es, precisamente, lo que hoy nos llama a la mayor preocupación.

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