La decisión del Gobierno de autorizar, de manera excepcional, la importación y comercialización privada de combustibles ha sido presentada como un giro importante en la política energética del país. Y, en efecto, lo es. Pero no por las razones que muchos imaginan.

El decreto es una medida coyuntural. El verdadero problema comenzó mucho antes, cuando Bolivia dejó de producir buena parte de los combustibles que consume.

Durante años el consumo interno creció mientras la producción nacional disminuía. Los yacimientos declinan naturalmente. Lo que permite sostener la producción es descubrir nuevas reservas mediante exploración y desarrollar nuevos campos. Y eso fue precisamente lo que se dejó de hacer.

Resulta inevitable recordar que el país recibió aproximadamente 60.000 millones de dólares por la exportación de gas. A ello debe sumarse el extraordinario incremento de los precios internacionales de los minerales y de los productos agropecuarios. Bolivia vivió la mayor bonanza económica de sus dos siglos de vida republicana.

Sin embargo, esa abundancia no estuvo acompañada por una auténtica política de desarrollo nacional, ni siquiera por una estrategia destinada a reponer las reservas que el país iba consumiendo.

Hoy cosechamos las consecuencias.

Importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos y cerca del noventa por ciento del diésel. Cada litro importado cuesta mucho más que el precio al........

© La Razón