El intervencionismo fiscal silencioso del Estado

El creciente peso de la fiscalidad sobre los hogares españoles se ha convertido en un debate más que incómodo para el Gobierno y su política económica. Lejos de tratarse de una cuestión técnica reservada a expertos, sus efectos se perciben de forma directa en la vida cotidiana de millones de ciudadanos, que ven cómo una parte cada vez mayor de sus ingresos se diluye antes siquiera de poder decidir sobre su destino. Desde 2018, coincidiendo con la llegada al poder de Pedro Sánchez, la recaudación por impuestos directos ha experimentado un incremento notable. Más allá de los datos absolutos, lo verdaderamente significativo es la tendencia: incluso descontando el efecto de la inflación, la carga fiscal ha crecido con mayor intensidad que la renta disponible de las familias. Un desequilibrio que no es menor. Supone, en la práctica, una reducción progresiva de la capacidad de ahorro, inversión y consumo de los hogares, ya que el Estado se queda de media con 460.000 euros durante toda la vida laboral de cada español. Con estas cifras, el argumento de que es un dinero para sostener el Estado del bienestar, reforzar los servicios públicos y hacer frente a crisis encadenadas como la pandemia o la inflación se tambalea. Esta explicación, siendo parcialmente válida, resulta insuficiente si no se acompaña de una reflexión crítica sobre la eficiencia del gasto público y la equidad del sistema tributario. No se trata únicamente de cuánto se recauda, sino de cómo y para qué. El dato de que un ciudadano medio pueda llegar a destinar el equivalente a casi 20 años de salario íntegro al pago de impuestos a lo largo de su vida debería, como mínimo, invitar a la reflexión. No es una cifra trivial ni fácilmente digerible. Refleja una estructura fiscal que, lejos de adaptarse con flexibilidad a los cambios económicos, se endurece cada año. Además, el hecho de que este incremento supere el crecimiento real de la economía y de los salarios apunta a un intervencionismo de las rentas por parte del Estado. La ausencia de ajustes en los tramos impositivos, en un contexto de inflación elevada, ha generado un efecto de progresividad en frío que incrementa la presión fiscal sin necesidad de subir formalmente los tipos. Este mecanismo, silencioso pero eficaz, erosiona la renta disponible sin un debate público proporcional a su impacto. Convivir con un contexto económico incierto exige algo más. Requiere acción, pero también equilibrio. Una política fiscal responsable no debería limitarse a aumentar la recaudación, sino buscar un punto de armonía entre sostenibilidad financiera y bienestar ciudadano.


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