Uno de los mayores desafíos de las entidades involucradas con el sistema financiero es la inclusión financiera, debido a los retos que representan aspectos como la cultura y las características de la población, lo cual genera ciertas barreras de acceso a todos los servicios que brinda el sistema financiero.

La norma de servicios financieros tiene el espíritu de generar políticas necesarias que permitan viabilizar la inclusión financiera, conscientes de las barreras existentes, bajo dos dimensiones: el acceso y el uso de los servicios financieros. El acceso se refiere a la disponibilidad de los servicios financieros de calidad y a costos razonables; a su vez, el uso está referido al consumo de los servicios financieros disponibles por parte de la población.

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Las barreras que habitualmente se presentan van más allá de la modificación o la adecuación de la normativa financiera, así, por el lado de la demanda, falta de ingreso, desempleo, confianza, educación financiera, incidencia de las redes sociales, razones culturales y grupo etario, entre otras. Adicionalmente, por el lado de la oferta existen también barreras con relación a los costos de la actividad financiera e información asimétrica, entre las más importantes, aspectos que tienen mayor repercusión en los grupos vulnerables de la población en los cuales éstas se acrecientan mucho más.

En la actualidad existen avances significativos con relación a la inclusión financiera en nuestro país, debido a diferentes medidas que son promovidas para lograr el acceso a los servicios financieros de la población más vulnerable. En tal sentido, a lo largo del territorio nacional se destaca que hay seis puntos de atención financiera por cada 1.000 km2; asimismo, existen 17 sucursales y agencias por cada 100.000 habitantes adultos, datos que muestran el liderazgo que tiene nuestro país con relación a la región.

En lo referente a la cobertura geográfica de los servicios financieros a nivel de municipios, se pasó de cubrir un 25% en 2007 a un 87% durante la presente gestión. Por ello, actualmente 294 municipios del país cuentan con la presencia de alguna entidad financiera, representando el 87% del total de los municipios (339) y en los cuales se concentra el 98,7% de la población.

Un dato para resaltar es que en el caso de Tarija sus municipios tienen una cobertura del 100%, logrando el objetivo dispuesto para la cobertura geográfica de ese departamento. La norma prevé que para 2025 todos los municipios cuenten con la presencia de al menos una entidad de intermediación financiera en su territorio.

En lo que corresponde al uso de los servicios financieros, la cantidad de cuentas de depósito se quintuplicó entre 2007 y 2023, pasando de 2,7 millones a más de 14,7 millones, siendo que el número de cuentas a julio del presente año es mayor que la población total de nuestro país, que alcanza a cerca de 12 millones de habitantes, por lo que considerando a la población mayor de 18 años, en promedio cada persona tendría aproximadamente dos cuentas de depósito en el sistema financiero.

Otro aspecto importante es la utilización de las tarjetas de débito por parte de la población, que en la actualidad superan los 6,5 millones, convirtiéndose en un medio común de uso para realizar las transacciones habituales en cajeros automáticos, supermercados y diferentes operaciones financieras.

Los resultados y avances son significativos, considerando que en décadas pasadas los sectores vulnerables ni siquiera podían ingresar a las entidades financieras, no obstante, en la actualidad se benefician de los servicios que brinda el sistema financiero.

(*) Gustavo Gómez es economista

QOSHE - Inclusión financiera - Gustavo Gómez
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Inclusión financiera

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25.09.2023

Uno de los mayores desafíos de las entidades involucradas con el sistema financiero es la inclusión financiera, debido a los retos que representan aspectos como la cultura y las características de la población, lo cual genera ciertas barreras de acceso a todos los servicios que brinda el sistema financiero.

La norma de servicios financieros tiene el espíritu de generar políticas necesarias que permitan viabilizar la inclusión financiera, conscientes de las barreras existentes, bajo dos dimensiones: el acceso y el uso de los servicios financieros. El acceso se refiere a la disponibilidad de los servicios financieros de calidad y a costos razonables; a su vez, el uso está referido al consumo de los servicios financieros disponibles por parte de la población.

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Las barreras que habitualmente se presentan van más allá de la modificación o la adecuación........

© La Razón


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