El Rey Padre |
En la historia contemporánea de España hay figuras cuya dimensión trasciende la coyuntura política y se proyecta sobre la arquitectura misma del Estado. Entre ellas ocupa un lugar central el Rey Padre, Don Juan Carlos I, cuya contribución a la instauración y consolidación de la democracia española constituye uno de los pilares del sistema constitucional vigente. Junto con el presidente Adolfo Suárez, fue hacedor de una transformación política que permitió transitar desde un régimen autoritario hacia un Estado social y democrático de Derecho sin ruptura violenta ni fractura civil. La Transición española no fue fruto de la inercia histórica, sino de decisiones concretas adoptadas en momentos críticos. El entonces Jefe del Estado comprendió que la legitimidad de la Corona en el nuevo tiempo no podía descansar en el pasado, sino en su identificación plena con la soberanía popular. El entendimiento entre la Corona y el Gobierno presidido por Suárez permitió articular amplios consensos políticos. La magnitud de su figura se encuentra acreditada por hechos públicos y verificables. La sanción y promulgación de la Constitución de 1978, su ejercicio de las funciones moderadoras y arbitrales que el texto fundamental atribuye a la Corona y, especialmente, su actuación durante la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, forman parte del acervo institucional del país. La defensa de la democracia el 23-F estaba y está acreditada. En un momento de extrema gravedad, la Corona actuó como garante efectivo del sistema, recordando que ningún poder puede situarse al margen de la legalidad democrática. Como toda figura histórica, el Rey Padre posee una dimensión personal susceptible de debate. Sin embargo, lo que importa desde la perspectiva institucional es su dimensión como estadista. Y en esa esfera su aportación es estructural. La Corona encarnó estabilidad y continuidad en un sistema parlamentario sometido a la lógica cambiante de las mayorías. El pueblo español hace ya muchos años que le ha conferido su valor y reconocimiento. Las pulsiones críticas frente a la Monarquía constitucional forman parte del pluralismo político y deben entenderse como expresión legítima de una sociedad abierta. Pero ese debate no altera un hecho objetivo: la institución monárquica está plenamente asentada en nuestro país y ha demostrado su funcionalidad como elemento de cohesión y estabilidad. Especial relevancia reviste la decisión de abdicar en 2014 mediante la Ley 3/2014, cuyo preámbulo constituye el verdadero resumen de su legado político: “Mi única ambición ha sido y seguirá siendo contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles”. En ese mismo texto se reconoce que su hijo, Felipe VI, encarna la estabilidad y la seña de identidad de la institución, y se afirma que posee la madurez, la preparación y el sentido de responsabilidad necesarios para asumir la Jefatura del Estado. La historia reciente ha confirmado esa previsión. El discurso pronunciado por Felipe VI el 3 de octubre de 2017, en defensa del orden constitucional frente al desafío secesionista impulsado desde el gobierno de una comunidad autónoma, evidenció la continuidad institucional y la firmeza en la defensa de la legalidad. La Corona volvió a situarse como referencia de unidad y permanencia del Estado en un momento de tensión política singularmente intensa. La abdicación del Rey Padre no fue un acto de retirada, sino de responsabilidad. Supo dar el testigo en el momento preciso, asegurando una transición ordenada dentro de la propia institución y reforzando su legitimidad al mostrar capacidad de renovación. La dimensión como estadista de Juan Carlos I es patrimonio del pueblo español. La democracia española no puede comprenderse sin su contribución ni sin la de Adolfo Suárez. Y la Monarquía parlamentaria, pese a debates coyunturales, goza de una solidez institucional contrastada.