Para Estados Unidos, el crimen organizado en México dejó de ser únicamente un problema de narcotráfico. Para ellos, hoy las organizaciones criminales han logrado un nivel de poder e influencia que pone en riesgo no sólo a México, sino también la seguridad y la estabilidad de Estados Unidos.

La estrategia la están endureciendo. Ahora, la ofensiva va dirigida contra toda la estructura de los grupos criminales: sus líderes, sus operadores financieros, sus empresas, sus redes de lavado de dinero y las actividades económicas con las que obtienen miles de millones de pesos cada año.

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Estados Unidos responsabiliza a estas organizaciones de buena parte de la crisis de adicciones que vive, particularmente por el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína. Pero, detrás de esta estrategia también hay otra preocupación: si la inseguridad continúa desbordándose en México, tendrá un vecino cada vez más inestable, con regiones enteras donde el crimen organizado controla actividades económicas, impone cuotas y desafía abiertamente al Estado.

De ahí vienen las decisiones que Washington ha tomado en las últimas semanas.

La designación de varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, las sanciones financieras impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las acusaciones por narcoterrorismo, las recompensas millonarias, las restricciones de visa y las investigaciones por lavado de dinero forman parte de una sola estrategia: desmantelar las estructuras criminales desde todos los frentes.

El ejemplo más claro está hoy en Michoacán. Durante años, los productores de limón y aguacate denunciaron que eran víctimas permanentes de extorsiones.

Todos en la región sabían que el crimen organizado cobraba........

© La Razón