“A mi cabeza le han puesto precio”, decía el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Él mismo había declarado que el crimen organizado ofrecía hasta un millón de pesos por su cabeza.

Hace unas semanas fue asesinado tras terminar de oficiar su misa dominical. A la salida de la iglesia se subió a una camioneta blanca, lo siguieron dos hombres en una motocicleta, le dispararon por lo menos en ocho ocasiones y huyeron.

El sacerdote de origen tzotzil perdió la vida. Un hombre muy querido en su comunidad. Vivía en el barrio de Cuxtitali, en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Pérez Pérez ya había recibido amenazas y denunciado, pero no tenía protección.

Ya había recibido amenazas en Chenalhó, donde había sido párroco durante 10 años y por eso había sido trasladado.

Autoridades estatales prefirieron acusar al padre Marcelo y girarle una orden de aprehensión en su contra desde 2021, acusado por varios habitantes de no hacer nada para evitar la desaparición de 21 hombres, la cual ocurrió 11 meses antes de la orden girada en su contra.

¿Qué podía hacer el sacerdote para brindarle protección a los habitantes de su comunidad? Sin duda, esa responsabilidad es del Gobierno del estado.

Desde el Vaticano, el Papa Francisco, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, dijo: “A la Iglesia de San Cristóbal de las Casas, que llora por el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado el pasado domingo. Un fervoroso servidor del Evangelio y del pueblo fiel de Dios, que su sacrificio, como el de otros sacerdotes........

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