Bolivia amaneció con una imagen que estremece a cualquier democracia: El Fiscal General del Estado aprehendido, oficinas intervenidas y dos versiones del poder disputándose, casi al mismo tiempo, quién debía conducir el Ministerio Público. La escena no compromete solamente el destino de Roger Mariaca. Compromete la credibilidad de la justicia, la autonomía institucional y la pregunta más incómoda de todas: ¿Quién controla a quienes tienen el poder de acusar?

Las denuncias difundidas son graves y deben investigarse sin privilegios. Ningún cargo puede convertirse en refugio frente a la ley. Pero una democracia tampoco puede confundir una acusación con una condena, una aprehensión con una destitución ni un operativo policial con una reforma constitucional. Cuando el Estado castiga primero y demuestra después, la justicia deja de ser justicia y empieza a parecerse a la venganza.

La Ley N.º 260 intenta impedir el vacío. Su artículo 25 establece suplencias y un orden de prelación. Sin embargo, la norma distingue entre impedimento temporal y ausencia definitiva. Allí nace el conflicto: La aprehensión puede impedir materialmente el ejercicio del cargo, pero no convierte por sí sola una ausencia en definitiva. La cesación exige una causal legal acreditada. La presunción de inocencia no es una cortesía para los amigos del poder. Es una........

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