La reforma de la Administración Pública es una cuestión recurrente en la agenda de los programas políticos. Así no ha habido en España en lo que llevamos de democracia un Gobierno, del color político que fuera, que no haya intentado abordar, con desigual éxito, un plan de reformas administrativas en nuestro país. Sin embargo, para ser rigurosos cuando tratamos de reformas normativas de la Administración, no se pueden desconocer las llevadas a cabo en España en los años cincuenta del siglo pasado, todavía en plena dictadura franquista. Entonces un grupo de los llamados políticos «tecnócratas» del régimen, asistidos de renovadores profesores de Derecho administrativo y Ciencia de la Administración, provocaron una auténtica «revolución» en la legislación administrativa española con la redacción de leyes tan importantes como la de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, del Procedimiento Administrativo, la reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o incluso con el innovador Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, todavía hoy vigente en gran parte. Pero, será con la Constitución de 1978 cuando se encomiende, sin ambages, a la Administración Pública la función servicial a los intereses generales, con su sometimiento pleno a la Ley y el Derecho y siempre bajo el control judicial. De esta........

© La Razón