La regularización dignifica vidas y desnuda las costuras racistas del sistema |
El Consejo de Ministro aprueba la regularización de inmigrantes
La regularización extraordinaria de personas migrantes ha trascendido el papel y, por fin, se ha convertido en una realidad palpable. Con ella llega un esperado proceso para dignificar miles de vidas que se encuentran en los márgenes de una punzante paradoja: la misma sociedad que las expulsa también las instrumentaliza. Si algo demuestra el avance de esta regularización –la séptima en la historia de la democracia española– es el poder político que tienen las personas cuando se organizan en un frente común que no busca beneficios interesados, sino derechos humanos para todas. Debería convertirse en un referente de nuestra capacidad de influencia para exigir garantías frente a un mundo cruento que, todavía, prioriza unas vidas sobre otras.
Estos últimos meses han estado cargados de bulos violentos que no solo pretendían confundir y arrojar desinformación; también buscaban aprovecharse del contexto vulnerable de las personas migrantes. Pero por mucho que se diga –y mucho más se dirá– o se trate de hundir el trabajo antirracista de años, nada puede eludir que esta Iniciativa Legislativa Popular ha unido a más de 700.000 personas en un acuerdo histórico. No es fruto de las concesiones gratuitas, sino de la constancia de un movimiento que ha presionado a las instituciones desde abajo.
El periodo para presentar las solicitudes comienza hoy y termina el 30 de junio. Uno de los requisitos indispensables, más estrictos y difíciles de conseguir es el certificado de antecedentes penales, que no supone un problema en el caso de España, pero sí en los países de origen o tránsito, donde gestionar papeles puede convertirse en un auténtico laberinto. Las administraciones españolas contemplan la posibilidad de solicitarlos por vía diplomática, pero eso no garantiza que la documentación llegue a tiempo, si es que llega algún día.
Quienes no logren los certificados antes de la fecha límite no podrán optar a la regularización, como tampoco podrán hacerlo en ningún caso las personas apátridas. En esta categoría entran las refugiadas del Sáhara Occidental, ese quiste que permanece profundamente clavado en la historia de este país. Pero son muchas más las personas que se quedarán fuera.
Debemos recordar que, aunque esta medida es una gran noticia, sigue siendo un parche extraordinario que no arregla los descosidos de la burocracia. Por el contrario, revela la necesidad de hacer profundos cambios estructurales: el sistema todavía obliga a la gente a vivir durante años en las sombras, trabajando sin derechos laborales, antes de siquiera poder optar a la regularización ordinaria.
Me gustaría celebrar esta noticia con mayor euforia, pero España sigue siendo el país que era ayer y que será mañana. Su pasado colonial todavía camina en el presente, dejando huellas en las normativas y en el espectro de opinión popular, que respira veneno en forma de bulos.
El nubarrón de mentiras esconde –o pretende esconder– que España tiene centros de detención para personas migrantes, incluyendo menores, tanto dentro como fuera del territorio nacional. También barre bajo la alfombra una realidad incómoda para muchas personas, y es que ya se han hecho seis procesos de regularización extraordinaria desde el año 1980, dos ellos bajo un gobierno del Partido Popular. Pero no extraña que ahora arremetan contra este: cuando se ve a las personas migrantes como números, herramientas o mano de obra que combate el envejecimiento, jugar a la cogida con los derechos ajenos no les quita el sueño.
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