Vivienda en Canarias: un mercado que expulsa

Promoción de 36 viviendas públicas en construcción Tamaraceite Sur. / José Pérez Curbelo

El acceso a la vivienda en Canarias ha dejado de ser desde hace unos años una cuestión circunstancial, pasajera y relativamente superable, para convertirse en uno de los principales problemas del Archipiélago. Comprar o alquilar una vivienda resulta cada vez más difícil, sobre todo las zonas urbanas y en municipios de mayor atractivo turístico. Esta situación no solo afecta a las personas más vulnerables. Resulta que alcanza de lleno a jóvenes cualificados, a familias de clase media y a trabajadores con ingresos estables.

El desequilibrio entre oferta y demanda explica buena parte de lo que ocurre. La población residente crece mientras el número de viviendas disponibles no lo hace a igual ritmo. El resultado es un incremento de los precios tanto en el mercado de compra como en el del alquiler. En algunos municipios, el coste de la vivienda ha experimentado subidas muy por encima de la que registran los salarios.

Canarias ve como miles de viviendas se incorporan año tras año al mercado del alquiler vacacional atraídas por una rentabilidad superior a la del alquiler residencial"

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Esta presión obliga a las familias a destinar una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca. Eso se traduce en menos capacidad para afrontar gastos básicos como la alimentación o la educación. El acceso a la vivienda se percibe cada vez menos como un derecho para convertirse en factor de desigualdad condiciona la calidad de vida y limita las oportunidades de desarrollo personal.

Viviendas en construcción en Canarias. / José Pérez Curbelo

A estas tensiones se suma un fenómeno que ha ganado protagonismo en la última década: el auge del alquiler vacacional. Canarias, como destino turístico de primer orden, ha visto cómo miles de viviendas se han incorporado año tras año a este mercado atraídas por una rentabilidad superior a la del alquiler tradicional.

Alquilar por días o semanas a turistas resulta para muchos caseros más rentable que firmar contratos de larga duración con residentes. Esta decisión individual tiene consecuencias colectivas. Cada vivienda que se destina al alquiler turístico es una vivienda menos disponible para quienes viven y trabajan en las Islas.

El impacto es visible en los barrios céntricos y en las zonas costeras. La reducción de la oferta de alquiler de larga duración eleva los precios y dificulta el arraigo de la población isleña. Hay casos en los se produce un proceso de sustitución: residentes que se ven obligados a marcharse ante la imposibilidad de asumir los costes, mientras el espacio urbano cambia y se reconfigura en función de la demanda turística. El turismo es el motor económico de Canarias, pero su impacto en el mercado de la vivienda requiere una gestión más equilibrada.

En este escenario, la vivienda pública aparece como la única herramienta clave para aliviar la presión sobre las familias del Archipiélago. Pero el parque público de viviendas en Canarias es insuficiente para atender la demanda. Las listas de espera son largas y los programas de promoción avanzan a un ritmo que se percibe como demasiado lento.

La falta de vivienda protegida limita la capacidad de la administración para ofrecer alternativas. Jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler o personas que encadenan contratos temporales encuentran pocas opciones. La ausencia de estrategia ha dificultado la consolidación de un parque de vivienda pública robusto.

Sin acceso a una vivienda asequible se resienten proyectos vitales, se retrasa la emancipación y se debilita la cohesión"

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Las políticas han sido discontinuas, con etapas de impulso seguidas de otras de menor o cero actividad. El resultado es un círculo difícil de romper: precios al alza, oferta limitada y una red incapaz de absorber la demanda.

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La vivienda entonces deja de ser únicamente un bien de consumo o una inversión para convertirse en un factor determinante de estabilidad social. Sin acceso a una vivienda asequible, se resienten proyectos vitales, se retrasa la emancipación y se debilita la cohesión. Lo que está en juego es la capacidad de garantizar que vivir en las islas no se convierta, para gran parte de la población, en un objetivo inalcanzable.

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