Transparencia y rendición de cuentas en Canarias |
Datos, acceso y transparencia
La transparencia se ha convertido en una palabra habitual en el discurso político canario. También en el del conjunto del país. Portales de datos abiertos, leyes de acceso a la información y compromisos institucionales forman parte del paisaje administrativo. Junto a los altos cargos ques se sitúan al frente de esas tareas y sus variopintas legiones de asesores.
Sin embargo, el reto actual de las administraciones públicas no solo pasa por cumplir formalmente con la transparencia, sino convertirla en una herramienta real de rendición de cuentas ante la ciudadanía y de mejora de la gestión pública. La distancia entre lo que se publica y lo que el común de los mortales logra entender es uno de los principales desafíos.
Los avances normativos son palpables y contribuyen a engrosar el libro gordo de la burocracia institucional, pero los límites prácticos también son evidentes"
Los avances normativos son palpables y contribuyen a engrosar el libro gordo de la burocracia institucional, pero los límites prácticos también son evidentes"
Los avances normativos son palpables y contribuyen a engrosar el libro gordo de la burocracia institucional. Pero los límites prácticos también son evidentes. Canarias ha desarrollado un marco normativo que reconoce el derecho al acceso a la información y establece una serie de obligaciones relativamente claras para las administraciones públicas. Se trata de un avance significativo frente a etapas anteriores, cuando la información pública era difícil de obtener y poco sistematizada.
No obstante, en la práctica, lo que ocurre es que gran parte de la información disponible resulta fragmentada, técnica o poco contextualizada, lo que limita su utilidad real para el ejercicio del control ciudadano y periodístico. Es por eso que la transparencia no siempre significa explicar.
La protección del consumidor y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia forman parte de las tareas de las autoridades reguladoras. / EP
Publicar datos no equivale necesariamente a justificar las decisiones que se han adoptado. Informes presupuestarios, planes estratégicos o auditorías se hacen públicos cada vez con más frecuencia, pero en rara ocasión se acompañan de exposiciones claras de sus resultados, impactos o desviaciones.
Esta falta de narrativa pública dificulta que la ciudadanía comprenda qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y por qué no funciona. La transparencia efectiva no solo informa; permite evaluar y formarse opinión.
Una vez más resulta que la rendición de cuentas es el eslabón más débil de la cadena. Uno de los principales déficits del sistema político-administrativo canario es la escasa cultura de rendición de cuentas. Los errores de gestión rara vez, prácticamente nunca, tienen consecuencias políticas claras, y las responsabilidades tienden a diluirse entre órganos colegiados, niveles administrativos y mandatos sucesivos. La ausencia de consecuencias no fomenta la mejora. Al contrario, normaliza la repetición de errores y debilita la confianza en el conjunto de las instituciones isleñas.
Los órganos de control tienen un potencial que se infrautiliza. Canarias cuenta con órganos de fiscalización y control que emiten informes rigurosos y valiosos. Sin embargo, su impacto público y político es limitado. Las recomendaciones no siempre se traducen en cambios, y el seguimiento de sus conclusiones suele ser escaso. La tarea de fortalecer el vínculo entre estos órganos, el Parlamento de Canarias y la ciudadanía es clave para cerrar el ciclo de la rendición de cuentas.
Explicar errores, justificar cambios de rumbo y reconocer limitaciones puede fortalecer, y en ningún caso debilitar, la legitimidad institucional ya que se avanza hacia una cultura política más abierta"
Explicar errores, justificar cambios de rumbo y reconocer limitaciones puede fortalecer, y en ningún caso debilitar, la legitimidad institucional ya que se avanza hacia una cultura política más abierta"
Se trata de una oportunidad para cambiar la cultura política. La transparencia no debería percibirse como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar la calidad de las decisiones públicas. Explicar errores, justificar cambios de rumbo y reconocer limitaciones puede fortalecer, y en ningún caso debilitar, la legitimidad institucional. Avanzar hacia una cultura política más abierta implica asumir que gobernar es dar explicaciones, incluso cuando no son cómodas.
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Canarias ha registrado avances en la transparencia formal, pero el desafío ahora es dar un paso más: convertir la información pública en comprensión ciudadana y la rendición de cuentas en una práctica habitual. Sin explicaciones claras y sin responsabilidades asumidas, la transparencia se queda en un ejercicio administrativo, no democrático.
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