Desafección ciudadana en Canarias

Manifestación contra las jaulas marinas en la playa de Salinetas, en Telde. / José Carlos Guerra

Las fallas de la administración pública en Canarias no pueden explicarse única y exclusivamente por lo que ocurre desde dentro de las instituciones autonómicas, insulares, comarcales y municipales. También están relacionadas con una relación cada vez más distante, mucho más distante, entre la ciudadanía y el sistema público, marcada de manera fatal por la desconfianza, la resignación y una participación limitada en los procesos de decisión.

Por desgracia no se trata de que haya un desinterés social puro y duro, sino de que existe una sensación cada vez más extendida de que participar no permitirtá cambiar gran cosa. Es el convencimiento de que la participación formal tiene poco impacto, tiene un alcance limitado.

Documentos técnicos, procedimientos complejos y comunicaciones poco claras crean una brecha entre la administración y la ciudadanía"

Documentos técnicos, procedimientos complejos y comunicaciones poco claras crean una brecha entre la administración y la ciudadanía"

Por supuesto que en Canarias, cono ocurre en el resto de las comunidades autónomas del país, existen mecanismos para la participación ciudadana: consultas públicas, procesos participativos, consejos sectoriales... Sin embargo, muchos de esos espacios tienen un carácter más consultivo que decisorio, lo que reduce su impacto sobre la realidad del día a día.

Cartel 'No más violencia de género'. / Europa Press

Cuando las aportaciones ciudadanas no se traducen en cambios visibles o en explicaciones claras, la participación pierde toda credibilidad y se convierte en un trámite más dentro de los procedimientos administrativos. Cunde el desánimo y el desapego.

El lenguaje administrativo que se acaba por convertir en una barrera. Uno de los factores menos visibles, pero más determinantes, es el lenguaje. Documentos técnicos, procedimientos complejos y comunicaciones poco claras crean una brecha entre la administración y la ciudadanía, especialmente para quienes no cuentan con formación especializada o recursos para asesorarse.

La administración pública informa, pero no siempre comunica ni se hace entender. Y esa diferencia es clave para fomentar una ciudadanía que sea activa y también corresponsable. Lo que sigue es desafección y baja exigencia pública por parte de la población.

La repetición de problemas no resueltos ha generado una forma de resignación colectiva. Se asume que los trámites son lentos, que las respuestas no llegan y que las decisiones importantes se toman lejos del ciudadano. Esta desafección tiene un efecto directo: reduce la presión social para mejorar la gestión pública. Cuando la exigencia disminuye, la inercia administrativa se consolida.

En este contexto se da la circuntacia de que nos encontramos ante una ciudadanía que en no pocas ocasiones está organizada, pero que supone: una oportunidad desaprovechada por las administraciones públicas isleñas.

Mejorar la administración pública no es una tarea exclusiva de los gobiernos, Requiere una ciudadanía informada, exigente y participativa, pero también instituciones dispuestas a abrirse, explicar y corregir"

Mejorar la administración pública no es una tarea exclusiva de los gobiernos, Requiere una ciudadanía informada, exigente y participativa, pero también instituciones dispuestas a abrirse, explicar y corregir"

El Archipiélago sí que cuenta con con un tejido social activo: asociaciones vecinales, colectivos profesionales, plataformas ciudadanas y organizaciones sociales que generan propuestas y conocimiento del territorio.

El reto está en integrar de forma sistemática esa capacidad en la toma de decisiones, más allá de la protesta puntual o la consulta simbólica. Escuchar no basta; hay que incorporar y responder.

Corresponsabilidad democrática

Claro que mejorar la administración pública no es una tarea exclusiva de los gobiernos. Requiere una ciudadanía informada, exigente y participativa, pero también instituciones dispuestas a abrirse, explicar y corregir. La corresponsabilidad democrática no significa trasladar responsabilidades al ciudadano, sino compartir la construcción de soluciones que vengan a contribuir a consolidar el bienestar general.

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Las fallas de la administración pública en Canarias no son inevitables ni exclusivamente técnicas. Son el resultado de decisiones, inercias y relaciones que pueden, y hasta sería necesario, cambiar. Recuperar la confianza entre ciudadanía e instituciones es una condición indispensable para cualquier reforma que sea real. Una administración que no escucha se distancia; una ciudadanía que no exige se resigna. Entre ambas, el sistema se estanca.

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