El presidente de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, se reúne con los portavoces parlamentarios para valorar las medidas que puede impulsar el Gobierno de Canarias para hacer frente a las consecuencias que la guerra en Oriente Medio está generando en el Archipiélago; así como analizar las acciones aprobadas por el Gobierno de España y su incidencia en las islas / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Desde el punto de vista de la estrategia política ese hallazgo verbal de Fernando Clavijo, el modo canario de hacer política podría traducirse como «el marco en el que el nacionalismo canario puede y deber relacionarse actualmente con el Gobierno central». Por supuesto, esa estrategia valora y pone en valor el diálogo político y el consenso, pero es una declaración de intenciones procedimentales, puro pragmatismo político apegado a la realidad. El nacionalismo canario (CC y la constelación de organizaciones y grupos en su estela) es ideológicamente moderado y constitucionalista, pero sobre todo no cuenta con dos elementos que le concederían mayor pujanza política: un grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados y algo más estructural: un empresariado que apoye explícita y decididamente su plataforma política y programática frente a Madrid. En resumen, el nacionalismo canario no es el PNV, que sí cuenta, desde hace generaciones, con ambos recursos, el político-electoral y el socioeconómico, que articularían más y mejor las demandas del país. Por eso mismo el PNV puede constatar que sus exigencias al Gobierno español – las presupuestarias tanto como las competenciales – son escuchadas y atendidas más o menos debidamente, como en el caso de la gestión compartida de los aeropuertos, entrando en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez desoye las reclamaciones del Ejecutivo canario al respecto – que tiene perfecto acomodo en el Estatuto de Autonomía – negocia sin ambages con el Gobierno vasco exactamente lo mismo. Para los peneuvistas la cogestión de los aeropuertos vascos puede materializarse a principios del próximo año, es decir, antes de las próximas elecciones generales.

Las relaciones entre Coalición y el empresariado canario son más complejas y a veces arriscadas de lo que dictan las divertidas cuchufletas conspiranoicas, que convierten a CC en el brazo político de la aristocracia empresarial en Canarias. El PSOE gobernó muy a gusto la Comunidad autónoma durante cuatro años sin tener el roce más insignificante con las patronales en general ni entrar en conflictos graves con empresarios en particular. Lo mismo ha ocurrido durante largos mandatos socialistas en cabildos y ayuntamientos ¿Por qué iba a tenerlos? Actualmente se sienta en su comité ejecutivo algún emprendedor con un colmillo empresarial insaciable. Por caridad mejor no hablar de Nueva Canarias, un partido donde milita gente admirable cuyo compromiso nacionalista no es discutible, pero algunos de cuyos dirigentes les ha encantado el salseo empresarial; recuerdo divisar a uno de sus próceres pillando bronce en un pequeño yate, quizás a la altura de Mogán o por ahí. Los grandes y pequeños empresarios suelen llevarse bien con los gobernantes isleños, aunque soporten hartazgos a veces justificados por la estupidez, la burocracia o la torpeza administrativa. Pero en lo que se refiere a la defensa de los intereses canarios frente a Madrid son una fauna más asustadiza o prudente, según lo quiera usted ver. Y sin embargo todo esto debe cambiar, Y va a cambiar.

Va a cambiar, inevitablemente, porque el desarrollo económico -- y los problemas sociales y medioambientales -- de las islas lo exigirá sin remedio. Los aeropuertos siguen representando un ejemplo. La mayoría de los empresarios hoteleros están furiosos por las limitaciones, las carencias y las imprevisiones de los mayores aeropuertos canarios. Pero algo parecido ocurrirá con el crecimiento de las energías renovables, la industria audiovisual o la ingeniería aeronáutica y espacial: todos esos sectores, que deberían ser estratégicos en la próxima década, reclamarán más apoyo del Estado y un mayor empoderamiento de las corporaciones isleñas y llevar al límite de sus competencias plenas a la Comunidad autónomas. Y muy difícilmente podrán hacerlo partidos que no tengan Canarias como prioridad estratégica.

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