La figura del Estado en Colombia está claramente definida en la Constitución Política de 1991. Otra cosa muy distinta es cómo se administra y quiénes lo dirigen. El diseño institucional fija reglas, límites y responsabilidades para garantizar el equilibrio de poderes y la protección de los derechos ciudadanos. El esquema es claro; somos un Estado social de derecho, con separación de poderes y controles democráticos. El problema no ha sido el modelo, sino la forma como se ha dirigido el Estado durante el llamado "Gobierno del cambio".

Y es que esa estructura no funciona sola. Depende de la idoneidad, la preparación y el acatamiento por la institucionalidad de quienes tienen la tarea de hacerla cumplir. Gobernar exige respeto por la Constitución y la ley; entender que la norma está por encima de la ideología; tener capacidad técnica, formación y experiencia; actuar con ética pública y honestidad en el manejo de los recursos; mantener cero tolerancias frente a la corrupción; ejercer responsabilidad fiscal y respetar la regla fiscal y el presupuesto.

En suma es comprender que los recursos son limitados, que el Estado es permanente y que los gobiernos son temporales. También exige sentido institucional, capacidad de diálogo, disposición para concertar con las otras ramas del poder, respeto por la oposición, rendición de cuentas, y atención a la voz de los ciudadanos. No basta con anunciar intenciones, hay que mostrar resultados y aceptar el control ciudadano.

El presidente Petro ha preferido culpar al sistema, a las instituciones y a la Constitución. Esa se ha vuelto la narrativa recurrente de un gobernante incapaz de gobernar, algo que ya había demostrado durante su paso por la Alcaldía de Bogotá. Llegó prometiendo un Cambio Histórico, pero lo que ha mostrado es populismo, improvisación, confrontación y desorden. Gobernar propiamente no ha sido su fortaleza.

La constante rotación de ministros no solo ha debilitado la continuidad de las políticas públicas, sino que ha convertido el gabinete en un escenario de ensayo y error permanente, pagado por todos los colombianos. Cada relevo implica volver a empezar; equipos nuevos, diagnósticos nuevos y prioridades que cambian según los intereses políticos del momento. A ello se suma ser un presidente que confunde liderazgo con confrontación. Cada trino, cada discurso incendiario, cada intervención y cada acusación sin pruebas contra las cortes, el Congreso y los medios de comunicación deterioran la confianza institucional. Cuando no logra imponer su agenda, habla de un supuesto bloqueo que no lo deja gobernar. Todo lo que sale mal es culpa de los demás.

La promesa de campaña anticorrupción quedó reducida a una consigna. Han venido escándalos permanentes y una reacción repetida; negación, victimización y silencio. En el Congreso, el Ejecutivo demostró que no sabe construir mayorías ni consensos si no es a través de la mermelada. Las reformas estructurales se presentaron mal diseñadas, sin sustento técnico y sin compromiso. El resultado ha sido incertidumbre y una polarización más profunda.

Ante la incapacidad para tramitar sus proyectos, el Gobierno recurrió a la emergencia económica como atajo, intentando gobernar por decreto. Esa imposición, disfrazada de urgencia social, debilito la relación de la Nación con los territorios y dejó en evidencia la falta de rumbo del Gobierno central.

El problema de Colombia no es el Estado. Son quienes lo dirigen, improvisando y gobernando a través de decretos, amenazas y confrontaciones. Cuando quien gobierna renuncia al orden democrático, deja de ser un problema político y se convierte en un riesgo institucional para el país.

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