En mi columna anterior abordé la dimensión histórica del salario mínimo y advertí sobre la necesidad de tratarlo con prudencia. Hoy el tema ha escalado a un escenario institucional complejo donde confluyen Congreso (Ley 278), Ejecutivo (Decreto 1469 del 2025) y Consejo de Estado (Auto del 12 de febrero del 2026), cada uno con competencias específicas, generando tensiones jurídicas y lecturas sociales enfrentadas sobre legitimidad, oportunidad y alcance de las decisiones adoptadas recientemente. El marco legal y constitucional vigente establece que el salario mínimo no es solo una cifra económica, sino una garantía social asociada a la dignidad del trabajo. Su carácter vital y móvil implica actualización razonada, motivación suficiente y deliberación transparente. Las múltiples demandas presentadas contra el decreto de incremento salarial se apoyan en la presunta falta de justificación........

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