La relación entre una transición democrática y la reestructuración de la industria petrolera venezolana es indivisible. La recuperación del aparato productivo energético requiere la seguridad jurídica, la confianza de inversión y la legitimidad institucional que solo un marco democrático sólido puede ofrecer. A su vez, la estabilidad fiscal y económica de la democracia depende de un sector de hidrocarburos saneado, técnico y altamente competitivo.

Para restablecer el potencial de Venezuela como potencia energética global, los desafíos técnicos e institucionales deben abordarse de manera paralela. En el ámbito legal e institucional, una verdadera apertura energética exige adecuar las reglas de juego fiscales y establecer garantías jurídicas reales que atraigan capitales intensivos a largo plazo. Asimismo, resulta prioritario redefinir la gobernanza del sector, delimitando con firmeza el rol regulador del Ministerio de Petróleo frente a la función estrictamente operativa de Petróleos de Venezuela (PDVSA), erradicando la........

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