Honduras entra en los próximos nueve días en una zona de altísimo riesgo político. El 30 de noviembre el país elegirá a su próximo presidente y definirá la nueva correlación de fuerzas en el poder, pero al mismo tiempo se pondrá a prueba algo igual de decisivo: si los órganos electorales, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas respetan esa voluntad popular o si son utilizados para torcerla, hasta terminar de absorber a Honduras en la lógica de poder del llamado socialismo del siglo XXI, que desde hace dos décadas ha hecho de la captura del Estado una técnica refinada, exportable y coordinada.

El matrimonio político formado por Manuel “Mel” Zelaya y Xiomara Castro no es un fenómeno aislado ni meramente doméstico. Es la expresión hondureña de una arquitectura ideológica, financiera y operativa que vincula a Tegucigalpa con Caracas, La Habana, Managua y con nodos regionales como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Libertad y Refundación (LIBRE), el partido de gobierno, no es un satélite marginal: figura como partido de gobierno dentro del listado de miembros del Foro de São Paulo y fue anfitrión del XXVII Encuentro del Foro en Tegucigalpa en junio de 2024, evento celebrado como un triunfo simbólico del bloque “galaxia rosa” en Centroamérica.

La sombra larga de Mel Zelaya sobre Honduras comienza, en esta fase, en enero de 2008, cuando su gobierno firma el ingreso a Petrocaribe y se acerca de forma acelerada al proyecto geopolítico de Hugo Chávez: petróleo subsidiado a cambio de alineamiento político y lealtad estratégica. Ese giro, complementado con la entrada en el ALBA, fue percibido por muchos como un cambio de anclaje: Honduras dejaba de moverse en la órbita tradicional centroamericana para integrarse de facto al eje bolivariano. Cuando en 2009 Zelaya impulsa, al margen de los cauces constitucionales, una consulta orientada a abrir la puerta a la reelección, activa precisamente la cláusula pétrea de la Constitución que ordena su separación inmediata del cargo; el Congreso, con votos incluso de su propio partido, y la Corte Suprema avalan esa remoción y la orden de captura. La decisión posterior de los mandos militares de sacarlo del país, en vez de detenerlo y ponerlo a disposición de la justicia, fue el acto ilegal que permitió al chavismo y a sus aliados presentar la crisis como un “golpe de Estado” y colonizar el relato internacional. Esa narrativa no rompió la relación de Zelaya con el eje bolivariano; solo la interrumpió. Años después, regresó no como actor derrotado, sino como “asesor presidencial” y verdadero operador de poder en el gobierno de su esposa.

Xiomara Castro no ha disimulado esa continuidad. En la Asamblea General de la ONU y en la Cumbre UE–CELAC, ha defendido abierta y reiteradamente a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, exigiendo el fin de sanciones y bloqueos y desdibujando las violaciones sistemáticas de derechos humanos que documentan organismos internacionales.

Distintos centros de investigación han subrayado que su gobierno se ha convertido en un aliado activo de esos regímenes, al tiempo que se acumulan señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico de funcionarios y familiares cercanos.

Esa convergencia no es solo ideológica. El cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya —hasta hace poco secretario del Congreso— fue grabado en 2013 recibiendo y negociando dinero con narcotraficantes del cartel de Los Cachiros para financiar la primera campaña presidencial de Xiomara Castro; ese “narcovideo”, divulgado en septiembre de 2024, lo muestra con absoluta claridad, y el propio Zelaya ha admitido públicamente haber participado en esa reunión. Sin embargo, el fiscal general del Ministerio Público, Johel Antonio Zelaya Álvarez, figura cercana al oficialismo y pieza del engranaje político de los Zelaya, no ha impulsado hasta hoy ninguna acción penal efectiva: no hay requerimiento fiscal, ni medidas cautelares, ni imputaciones formales contra los involucrados, pese a la confesión y a la evidencia audiovisual. Desde una perspectiva jurídico-penal —y a la luz de las obligaciones internacionales del Estado en materia de lucha contra el crimen organizado— una admisión pública de hechos como la participación en una reunión de financiamiento con narcotraficantes constituye un indicio grave que obliga a la apertura inmediata de actuaciones de investigación; sin embargo, en este caso ni siquiera se ha intentado iniciar una pesquisa........

© La Patilla