La próxima administración recibirá mucho más que un cambio de gobierno: heredará una restricción fiscal de dimensiones históricas. Durante años, el debate público se ha concentrado en cómo expandir el gasto, pero ha eludido una discusión igual de relevante: cómo financiarlo de manera sostenible. Hoy, con un presupuesto que se aproxima a los $590 billones, y un pago de intereses cercano al 4,0% del PIB, esa conversación ya no puede seguir aplazándose. El próximo gobierno contará con menos libertad fiscal que cualquiera de sus antecesores recientes.

La primera presión proviene de la reforma al Sistema General de Participaciones. Con incrementos anuales del orden de $20 billones, su impacto fiscal se estima en un pico de $240 billones anuales durante la próxima década. Aunque el fortalecimiento de las transferencias territoriales responde a una aspiración legítima........

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