En un sistema democrático son muy importantes el diálogo y la concertación entre las entidades públicas y los particulares con el objeto de zanjar las diferencias y de llegar a soluciones justas y equitativas, pero es necesario examinar cada caso y verlo desde la perspectiva y al amparo de la Constitución y de la ley.
Nuestra democracia es participativa y, en consecuencia, con miras a alcanzar el orden justo al que aspira el ordenamiento constitucional, el Estado debe facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, pero no se olvide que, de conformidad con lo estatuido en la Carta Política, las autoridades “están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
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