A juzgar por el despliegue mediático de los últimos días en torno al “empalme anticorrupción”, cualquiera diría que acabamos de inventar la rueda de la transparencia. Sin embargo, la desconfianza sobre las cuentas del que entrega el poder es tan vieja como el ejercicio de gobernar.

En Colombia, la ley exige a cada funcionario entregar su despacho y concede a su sucesor un plazo para pedir aclaraciones. Este deber individual, de escritorio, no cobija a todo un gobierno en su conjunto. En nuestro ordenamiento no existe una sola línea que obligue a un empalme macro, como el que se espera cada vez que hay cambio de gobierno.

Pero, además, con la Presidencia el fuero constitucional termina garantizando que el mandatario saliente presente generalidades y abstracciones que distan mucho de lo que interesa a los contribuyentes preocupados por la forma en la que se gastaron sus impuestos. La rendición de cuentas tras cuatro años de gobierno se volvió una pasarela editorial. El trámite se despacha publicando un par de libros autobiográficos, entre aplausos de copartidarios y la indignación inofensiva de la oposición. Mucha........

© La Opinión