Los alcaldes del PP de los pueblos de Zamora han firmado un manifiesto "por la igualdad de España", que en realidad es una firma contra una ley de amnistía y contra unos presuntos privilegios económicos a Cataluña. Vaya por delante que les honra hacer lo que consideran la defensa de su pueblo y de su tierra.
Pero la ley de amnistía no va contra la igualdad, ya que se aplicará igual a quien se refugie en Bruselas que a quien lo haga en Portugal: se llame como se llame, siempre que haya hecho lo mismo; se llame como se llame el presunto delito cometido, que es en lo andan enredados los juristas y políticos. Lo que salga el enredo, será una ley para todos. Y tendrá las mismas garantías que otras leyes que incluso modificaron la Constitución para que saldar las deudas de estado fuera más importante que cumplir los derechos laborales pactados.
Y respecto a los presuntos privilegios para el país catalán frente al país castellano y leonés, los datos según Fedea nos dicen que Cataluña aportó 2.168 millones de euros más que los que recibió por la financiación autonómica, junto con Madrid que es la comunidad que más aporta con 6.313 millones, y Baleares con 334 millones de saldo negativo. Todas las demás comunidades reciben más que lo que aportan, aunque en el caso del País Vasco no se conoce el saldo porque el fuero histórico les permite seguir recaudando impuestos y luego haciendo las cuentas.
¿Privilegio o justicia? ¿Alguien defiende que cada comunidad se quede con lo que se recauda en su territorio? Pues no, por justicia redistributiva, solidaridad o simplemente sentido común: si hay comunidades que aportan más a la financiación porque tienen más actividad económica, deben contribuir a la igualdad en todo el territorio español. Porque muchos zamoranos de origen están trabajando allí como otros trabajadores de cualquier zona. Y fundamentalmente porque todas las personas debemos tener los mismos derechos y servicios en cualquier lugar de España donde nos toque vivir ¡Y ojalá fuera en cualquier lugar del mundo!
Por eso no entiendo que los mismos que proclaman esa igualdad entre territorios, sean los que protestan por la mejora de derechos laborales como el salario mínimo y la reducción de jornada.
Cada vez que hay un avance en los derechos de los trabajadores en la legislación, aparecen los defensores de la vuelta a la desregulación laboral, a la ley de la selva natural o la marítima, donde el pez grande se come al pez chico. También se alzan voces de los agoreros de turno anunciando las catástrofes que va a suponer para la economía empresarial, local, regional o nacional.
Cuando es precisamente la legislación laboral la que nos permite avanzar hacia la igualdad en cualquier lugar del mundo. Porque la igualdad sólo será posible entre territorios, cuando las personas que vivimos en cualquier lugar del mundo tengamos los mismos derechos. Esos derechos humanos que defiende la ONU y que se siguen incumpliendo en tantos países. Y esos derechos laborales que también defienden instituciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que algunos consideran una rémora para la economía.
Volviendo a nuestro país, el caballo de batalla contra el actual gobierno en materia laboral es la reducción de jornada de trabajo semanal a 38,5 horas propuesta por la ministra de trabajo, que se aplicaría con igualdad en toda España, Cataluña y Castilla y León incluidas. Esta propuesta es objeto de duras críticas entre los defensores de la igualdad entre territorios, pese a ser uno de los avances humanos y sociales históricos de los trabajadores.
¡Qué más igualdad querríamos que la de saber que en cualquier lugar los derechos de los trabajadores, nuestros hijos e hijas, nuestra gente, son los mismos!
Avanzar en la reducción de jornada no es algo tan descabellado como quieren hacernos creer, si tenemos en cuenta que la vieja reivindicación de ocho horas de trabajo, ocho horas de recreo, ocho horas de descanso (8 hours labour, 8 hours recreation, 8 hours rest), propuesta por Owen en la revolución industrial, ha cumplido más de 100 años, ya que fue implantada por la Unión Soviética tras la revolución de Octubre en 1917, y antes se había impuesto en algunas empresas de Inglaterra.
Y curiosamente, el primer país que estableció por ley las 8 horas diarias máximas de trabajo y 40 semanales en Europa occidental fue España. Más curiosamente, fue gracias a Cataluña en 1919. Bueno, gracias a los trabajadores que lucharon apoyados por el sindicato CNT en la huelga de la Canadiense de Barcelona, que obligaron al gobierno español de Alfonso XIII y al Conde de Romanones a firmar el llamado "Decreto de la jornada de ocho horas".
Después de más de 100 años de las 8 horas para cada actividad (en las que se olvidaron de las horas dedicadas al trabajo del cuidado, a costa del recreo y del sueño muchas veces y que recae sobre todo en las mujeres), no parece muy revolucionario legislar para que se reduzca la jornada laboral para todos.
Sobre todo cuando ya se está implantando entre los empleaos públicos que reclaman 35 horas semanales, y en aquellos sectores de la economía donde los trabajadores tienen más derechos y mejores sueldos. No sería justo que el gobierno legislara a favor de sus empleados y no lo hiciera a favor de todos los trabajadores.
Que se cumpla o no esta jornada empresa a empresa, no es obstáculo para que no se implante por ley. Tampoco ahora se cumple la jornada de 8 horas en algunos sectores, y no por ello se debe desregular o dejarla a la negociación colectiva, donde el trabajador está vendido porque puede ser despedido casi gratuitamente. Al contrario: los trabajadores necesitan una legislación laboral que garantice la igualdad en temas generales, como salario mínimo y jornada máxima. Una igualdad en todos los territorios y para todas las partes: empleados y empresarios.
Aunque las 8 horas diarias de trabajo fueron gracias a esas piaras de amigos comunistas –Vox dixit, pero no ofende quien quiere sino quien puede- de la revolución soviética en el mundo, lo dicho no es sólo opinión de irredentos comunistas.
En 1930, el economista Keynes vaticinaba que el desarrollo de la industria iba a permitir trabajar menos horas para producir lo mismo, y que en 100 años –ya queda menos- se podría trabajar una jornada de 15 horas semanales para mantener la misma producción. Y mayor calidad de vida. Claro que para eso habría que reducir también el número de personas en paro.
Puede que la reducción de jornada sea un problema para las pequeñas empresas, cuya supervivencia depende menos de aumentar los derechos laborales que de la dura competencia con las grandes. Y eso se debería tener en cuenta en la legislación laboral, como se hace por ejemplo con las cláusulas de descuelgue del convenio colectivo.
Pero nunca a costa de que no exista esa legislación que nos hace más iguales porque se aplica en toda España -¡ojala se hiciera en todo el mundo!- y que impide la competencia entre territorios a los que se trasladan las empresas porque los trabajadores tienen menos derechos y salen más baratos. Empresas que no son de aquí ni de allá, y que además cotizan donde les rebajan impuestos, como en la comunidad del Madrid de Ayuso. Igualdad es que todos tengamos los mismos derechos básicos en cualquier sitio: misma educación, sanidad, servicios sociales y trabajo. Y misma legislación básica que los garantice para los más débiles.
En Zamora, en Cataluña y en cualquier territorio donde nos toque vivir y trabajar.
(*) Portavoz de IU en la Diputación
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